Las medidas del gobierno sobre vivienda favorecen los beneficios inmobiliarios y dan la espalda a la clase trabajadora.

Edificio conejera de apartamentos modestos

El Gobierno Sánchez acaba de anunciar un plan de acceso a la vivienda que sigue manteniendo la habitual enjundia gatopardista: mucha propaganda pero poca concreción, para que todo siga igual. Un plan que, como señala La Marea, está matizado por el temor a perder apoyos entre los poderosos lobbies inmobiliarios (a veces incluso presididos por socialistas como Joan Clos, ex alcalde de Barcelona), así como a ser tachados como “radicales” por algunas tertulias televisivas y/o cavernícolas. Veamos pues la letra pequeña de las doce medidas anunciadas el pasado 13 de enero…

Comenzando por lo principal, lo primero sería reconocer como marco de análisis que estamos hablando de un problema, el de la vivienda, que afecta particularmente al conjunto de la clase trabajadora, presente, pasada y futura. Es decir, un problema frente al que el gobierno se juega varias costuras y que, sin embargo, ha dado lugar a una respuesta del ejecutivo basada en 12 medidas que, nada más conocerse, han recibido críticas incluso desde Sumar-PCE, Podemos y otras opciones de la izquierda institucional. Desde el movimiento por el derecho a techo también llueven las críticas y, como señala un artículo de la publicación Poder Popular.info, por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha valorado que se trata de “un batiburrillo de parches que no condicionan el modelo de propiedad y no mejoran en nada nuestras condiciones de vida”.

La justificación de las 12 medidas que da Sánchez es que actualmente “hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Hay que construir, por supuesto, viviendas privadas, pero sobre todo viviendas protegidas”. De este modo, la orientación asumida por la política de vivienda se basa en priorizar el pilar inmobiliario, a fin de garantizar los beneficios inmobiliarios de especuladores y rentistas, e impulsar una nueva oleada de nuevas construcciones para un mercado ya superrentable. Objetivo que se cumple con creces, pues solo en los últimos 10 años el precio de los alquileres ha subido un 78% en términos generales.

Además, hay que considerar que algunas de las propuestas más importantes presentadas por el ejecutivo son meros anuncios, pues tendrán que ser tramitadas y aprobadas en un Congreso de Diputados donde el gobierno de coalición tiene difícil contar con una mayoría parlamentaria que lo haga posible. Y otras corresponden a competencias de las comunidades autónomas, muchas de las cuales están gobernadas por el Partido Popular.

Veamos más en concreto:

Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. Sánchez ha informado que el Gobierno ha transferido más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a esta nueva entidad. A ello se sumarán 13.000 viviendas de la SAREB que serán incorporadas de forma inmediata, con un objetivo de llegar a las 30.000 de forma progresiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según datos recientes, España necesita al menos 2 millones de viviendas sociales adicionales para cubrir las necesidades actuales.  Y tampoco cabe ignorar que las viviendas de la SAREB, originalmente diseñadas para rescatar a los bancos tras la crisis de 2008, continúan generando beneficios para inversores privados, mientras son publicitadas como una solución social.

Prioridad de la Empresa Pública en la compra de viviendas y suelo. Será con carácter supletorio respecto a las comunidades autónomas, lo que significa que solo se aplicará de manera secundaria o complementaria.

Blindaje de la vivienda protegida del Estado. El blindaje por ley de la titularidad pública de las viviendas protegidas es una medida positiva en el papel, pero absolutamente insuficiente. La experiencia de décadas anteriores demuestra que muchas de estas viviendas acabaron siendo vendidas a fondos privados por los gobiernos sucesivos. Además, priorizar la compra de suelo para la Empresa Pública de Vivienda no aborda la raíz del problema que no es otro que el acaparamiento de suelos urbanos por grandes empresas y especuladores.

Creación de un PERTE para la construcción modular e industrializada (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) . Se trata de un plan estratégico de innovación en el sector de la construcción, que estará localizado en la Comunidad Valenciana —para contribuir a la reconstrucción tras la devastación de la DANA— y buscará reducir los costes y tiempos de construcción, promoviendo métodos más “sostenibles y eficientes”. Incluso ha vuelto a anunciar, ojo que ya es por tercera vez, que se construirán en Valencia las 400 viviendas de alquiler asequible que ya se prometieron hace siete años.

Por otra parte, este tipo de solución no aborda la sobrecapacidad constructiva del país. España ya cuenta con millones de viviendas vacías que podrían rehabilitarse antes de invertir en nuevas construcciones.

Sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos. Este sistema, inspirado en el modelo francés, protegerá a los arrendatarios, asegurándoles el cobro del alquiler. Pero, este sistema, que busca atraer viviendas vacías al mercado tiene un impacto real es cuestionable. En Francia, donde se implementó una política similar, los resultados fueron extremadamente limitados: los propietarios siguen priorizando alquileres más lucrativos y excluyen a inquilinos con menos estabilidad económica, como los jóvenes.

Programa de rehabilitación de viviendas vacías. Se destinarán ayudas públicas a quienes rehabiliten inmuebles vacíos y los pongan en alquiler asequible durante al menos cinco años. Esta forma de colaboración público-privada busca movilizar parte de los 4 millones de pisos vacíos en España, de los cuales 400.000 están en zonas tensionadas, según estimaciones ofrecidas por el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, aunque la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible puede tener un cierto potencial, nuevamente el problema está en la ejecución. Los incentivos a propietarios individuales son insuficientes para abordar la escala del problema. En cambio, las grandes empresas con vivienda vacía, como los fondos de inversión, quedan fuera de estas obligaciones.

Exención fiscal para alquileres asequibles. El plan contempla la puesta en marcha de una nueva exención fiscal del 100% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los caseros que alquilen sus viviendas y se ajusten a los límites que marque el Índice de Precios de Referencia. La medida, que tendría que aprobarse en el Congreso, podría llegar a todos los arrendamientos y no solo a los que se sitúen en una zona tensionada. En la práctica, esta iniciativa supone más beneficios fiscales para los rentistas, en lugar de sancionar los beneficios, se les premia. La medida no considera que este índice no refleja los precios reales en muchas zonas tensionadas. Además, la falta de un control efectivo permite que los propietarios falseen sus declaraciones para aprovechar la exención. Por otra parte, una exención fiscal del 100% del IRPF para quienes alquilen según el Índice de Precios de Referencia podría parecer atractiva a muchos. Sin embargo, la medida no considera que este índice no refleja los precios reales en muchas zonas tensionadas. Además, la falta de un control efectivo permite que los propietarios falseen sus declaraciones para aprovechar la exención.

Regulación fiscal de las viviendas turísticas. El Gobierno también propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y tributen a través del IVA como el resto de las actividades económicas. La medida, no obstante, quedaría acotada a los inmuebles situados “en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística”, según un documento difundido por el Ejecutivo. La posibilidad de aumentar el IVA sobre las viviendas turísticas se enmarca en una directiva europea que está discutiéndose y que dispararía el gravamen sobre esta actividad al 21%, al menos en el caso de España. Gravar las viviendas turísticas y endurecer la regulación de alquileres de temporada son medidas claramente necesarias, pero que llegan tarde y sin un plan integral. El turismo descontrolado lleva años expulsando a residentes de barrios enteros, como ocurre en ciudades y regiones como Barcelona o Valencia.

Condicionamiento fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Al igual que con el IVA de los pisos turísticos, el plan del Gobierno recupera otra propuesta que cayó hace menos de un mes en la votación de la reforma fiscal y que tiene como objetivo cambiar las ventajas fiscales de las Socimis. Según explica el Ejecutivo, “condicionaremos las ventajas fiscales (…) a la promoción de vivienda en alquiler asequible”. Estos vehículos, creados en 2009, están exentos del impuesto de sociedades si reparten la mayor parte de los dividendos entre los accionistas.

Gravamen fiscal para extranjeros extracomunitarios. Para priorizar el acceso de los residentes en España, el Ejecutivo también pretende limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes al incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar al comprar una casa. El objetivo de esta novedosa medida es priorizar que las viviendas disponibles sean para los residentes.

Combatir el fraude en alquileres temporales. La medida no es nueva, pues el Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos ya contempla evitar el fraude de este tipo de alojamiento. Este es un sistema informático, ya vigente, a través del cual se comunicarán las plataformas como Airbnb o Booking con la Administración. A partir de ahora, cada propiedad destinada a este tipo de arrendamiento debe contar con un número de identificación que certifique su cumplimiento con la normativa vigente.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda. Este plan, que entrará en vigor en 2026, ampliará las ayudas existentes, con especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas. Aunque el proyecto se renovará, los objetivos son similares al de 2022-2025, donde ya se priorizaba el impulso al parque público y ayudas para personas vulnerables.

Como podemos observar en estas medidas, se trata de una batería de iniciativas que, lejos de afrontar los beneficios inmobiliarios, pretende garantizarlos compaginando las rentas que millones de trabajadoras cubren mensualmente con su sueldo y dinero público, que no deja de ser riqueza que generamos las trabajadoras. Ya sea a través de nuestro salario o de los impuestos públicos, el objetivo es mantener en movimiento la rueda de los beneficios inmobiliarios. Un plan que, en palabras del propio Pedro Sánchez, busca “unir a inquilinos y propietarios”.

Mientras tanto, las medidas de urgencia enfocadas a paliar los efectos más inmediatos de la ofensiva especulativa, apenas están teniendo efecto alguno. En un reciente informe se señala cómo solo uno de cada 10 desahucios son detenidos por el llamado “escudo social” puesto en marcha por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y posteriormente extendido por el actual ejecutivo.

En definitiva, la base de estas propuestas es regar con suelo y dinero público a constructoras, promotoras y rentistas. Más ayudas fiscales para rentistas, más beneficios para quienes han generado que miles de trabajadoras estén asfixiadas cada mes.

De nuevo, las alternativas para dar respuesta a los problemas concretos y básicos de la clase trabajadora quedan fuera de este gobierno “progresista” y de quienes le apoyan.

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