Los recortes de pensiones que vienen en 2025

Apunte sobre los planes para 2025 de las fuerzas políticas y organismos partidarios de la reducción del gasto público en pensiones, unos planes basados en la redacción e interpretación de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 2/2023 y que debemos tener en cuenta de cara a las próximas movilizaciones…

Mikel de la Fuente y Xabier Pérez Davila (*). Vientosur.info

La batalla por las pensiones de marzo de 2025

1. Las reformas del sistema de pensiones de 2011 (R. Zapatero) y 2013 (M. Rajoy) tenían como objetivo reducir el gasto en pensiones en las décadas futuras.

2. Fueron impulsadas desde la Troika (BCE, FMI, Comisión Europea-CE) como parte de la política austericida que causó enormes daños sociales y económicos en la Unión Europea (UE), especialmente en los países del sur.

3. La reforma de Rajoy concretó el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad (FS).

4. El IRP introducía una fórmula para el cálculo de la subida anual de las pensiones que obligaría a incrementos anuales del 0,25% durante muchos años lo que produciría una importante pérdida de poder adquisitivo.

5. El FS disminuiría el importe de las pensiones iniciales según aumentase la esperanza de vida.

6. Además la reforma de 2011 había retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años y prolongado el período de cálculo de la pensión inicial hasta 25 años.

7. Todas estas reformas han servido para limitar el crecimiento de las pensiones iniciales de jubilación, de manera que en algunos años han sido inferiores en valor absoluto a las de años anteriores y en otros lo han sido en valor real al aumentar menos que la inflación.

8. El informe sobre el envejecimiento de 2021 (CE, The Ageing Report 2021) recogía este impacto. El gasto en pensiones como porcentaje del PIB caería según avanzase el siglo XXI condenando a las futuras generaciones de pensionistas a la generalización de la pobreza.

9. Las movilizaciones de enero de 2018 hicieron saltar por los aires el IRP y el FS. El movimiento social en defensa del sistema público de pensiones corrigió parcialmente el proyecto de las finanzas de reducir substancialmente el gasto en pensiones públicas para abrir paso a los fondos privados de capitalización.

10. Así, el informe sobre el envejecimiento de 2024 (CE, The Ageing Report 2024) corregía las previsiones de 2021, previendo que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB aumentaía en las próximas décadas.

11. En consecuencia, la batalla de las fuerzas políticas y organismos partidarios de la reducción del gasto en pensiones se ha desplazado a la redacción e interpretación de la Disposición Adicional Segunda (DA2ª en adelante) del Real Decreto-Ley 2/2023.

La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto­-Ley 2/2023

En marzo de 2023 se publicó el Real Decreto­Ley (RD-L) 2/2023. Este RD­L crea nuevas fuentes de ingresos para el sistema de Seguridad Social y prolonga el período de cálculo de la pensión inicial de jubilación. Las diferentes organizaciones del “Movimiento en defensa de las pensiones pública” (MSDPP) ya lo analizaron en su momento. Ahora, es importante estudiar su DA2^a. En el proyecto de Ley publicado en septiembre de 2021 esta disposición adicional ocupaba 7 líneas; en la redacción definitiva, 1 página entera. Esta transformación da idea de la importancia que le atribuyeron las distintas fuerzas políticas en el debate parlamentario.

En muchos documentos e informaciones periodísticas, la DA2ª se cita como “cláusula de cierre” o “cláusula de salvaguarda”.

Resumen de la DA2ª

Cada tres años se realizará una evaluación de la evolución de los gastos e ingresos del sistema de Seguridad Social. En función de esa evolución podrá ser necesario adoptar medidas para: a) aumentar los ingresos, b) reducir los gastos, c) o una combinación de aumento de los ingresos y reducción de los gastos.

La primera evaluación se realizará en marzo de 2025 a partir de una ponencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esta debe basar su evaluación en el último informe sobre el envejecimiento (Ageing Report, AR) publicado por la Comisión Europea. El último informe sobre el envejecimiento se publicó en abril de 2024 (AR24).

– Ingresos del sistema. La evaluación contemplada en la DA2^a debe tener en cuenta las medidas para aumentar los ingresos adoptadas a partir de 2020:

• El Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
• El aumento de la base máxima de cotización,
• La cotización adicional de solidaridad,
• La reforma de la cotización de las personas autónomas,
• La reforma laboral,
• El afloramiento de nuevos afiliados y afiliadas,
• El aumento del SMI. La evaluación debe tener en cuenta el efecto medio de las medidas de ingresos en el período 2022­-2050.

– Gastos del sistema. La evaluación debe tener en cuenta el gasto medio público en pensiones en el período 2022­-2050. La DA 2ª contempla tres escenarios:

• Primer escenario. Si las medidas de ingresos superaran el 1,7% del PIB, el gasto medio en pensiones previsto hasta 2050 podría superar el 15% del PIB en ese exceso. Ejemplo: medidas de ingreso igual a 2,0% del PIB. Como 2,0% – 1,7% = 0,3%, el gasto en pensiones podría llegar al 15,0% + 0,3% = 15,3%.
• Segundo escenario. Si las medidas de ingresos fueran iguales al 1,7% del PIB, el gasto medio en pensiones previsto hasta 2050 no debería superar el 15% del PIB. Ejemplo: medidas de ingreso igual a 1,7% del PIB. El gasto en pensiones podría llegar al 15,0%.
• Tercer escenario. Si las medidas de aumento de los ingresos fueran inferiores al 1,7% del PIB, el gasto medio en pensiones previsto hasta 2050 debería no debería superar el 15% del PIB menos el déficit de ingresos. Ejemplo: medidas de aumento de los ingresos igual a 1,0% del PIB. Como 1,0% – 1,7% = ­-0,7%, el gasto en pensiones no podría superar al 15,0% ­ – 0,7% = 14,3%.

Debemos tener en cuenta que la evaluación se realizara sobre una previsión de gastos e ingresos para el período 2022-­2050, no en datos reales ya que no tenemos la capacidad de conocer el futuro.

Por otra parte, hay que considerar que se ha hecho público que las estimaciones del INE sobre el PIB de la economía del Estado español de los años 2021­-2023 han sido bastante inferiores a las cifras reales, lo que supone que la relación del gasto en pensiones sobre el PIB es inferior a las cifras del Ageing Report y de la AIRef.

– Posiciones sobre la primera evaluación (marzo 2025). Hoy por hoy existen claramente dos bandos: a) el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración (MISSM) y b) la poderosa coalición de las finanzas encabezada por la AIReF.

a) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración (MISSM). Según un estudio que publicó en 2023 las medidas de ingresos son suficientes por lo que no habría que adoptar en marzo ninguna nueva medida, ni de ingresos ni de gastos. Esta posición tiene un fuerte apoyo en la 2024 ya que este calcula que el gasto medio en pensiones en el período 2022-­2050 será del 15,1% del PIB. Las medidas de ingresos previstas supondrán, según el MISSM, el 1,79%. De acuerdo con la DA2ª, 1,79% – ­ 1,7% = 0,09%, 15% + 0,09% = 15,1%. No se supera lo previsto en la DA2ª. Por otra parte, en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó al alza el PIB de 2021. Al ser el PIB más grande, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB cae por lo  que aún habría margen para un gasto más alto.

b) La poderosa coalición de las finanzas. En marzo de 2023 la AIReF publicó dos documentos que achacaban el incremento del déficit y la deuda al gasto en pensiones y proponían reducirlo hasta el 14,3% de promedio en el período 2022­2050, 0,8% puntos menos que la previsión de la AIReF 24 y el MISSM.

La AIReF no se comprometía en el mecanismo para conseguirlo: ¿retraso de la edad de jubilación, un nuevo mecanismo de revalorización, un nuevo factor de sostenibilidad? Sin duda porque de hacerlo alimentaría la movilización del MSDPP. Como un bloque compacto se alinearon con la AIReF el Consejo Fiscal Europeo (EFB por las siglas en inglés), el Banco de España (BE), la Comisión Europea (CE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea, el laboratorio de ideas de las grandes empresas y las finanzas). En todos sus documentos se señala obsesivamente el gasto en pensiones públicas cómo causa del déficit y la deuda como elemento primordial para corregirlos. Incluyen también entre las causas del déficit el incremento del gasto en defensa, pero no proponen ninguna medida para disminuirlo. Porque, para la poderosa coalición de las finanzas, el gasto social es vicioso y el gasto militar es virtuoso.

c) Está ausente de este debate un tercer actor que debe activarse de inmediato, recordemos que hasta marzo de 2025 sólo quedan 6 meses:.El movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Escribimos una propuesta para que el MSDPP debata y fije su posición sobre el debate que ya se está produciendo y que se intensificará según se acerque marzo de 2025:

1º. En las próximas décadas aumentará el porcentaje de mayores de 65 años sobre la población total. En consecuencia, será necesario aumentar el gasto público en pensiones como porcentaje del PIB y, por lo tanto, los ingresos del sistema.

2º. Para aumentar los ingresos hay varias vías:

• Aumentar la parte de los salarios en el PIB. La cotización social global se calcula cómo un porcentaje del salario total. El aumento de la participación de los salarios, incrementará automáticamente el monto de la cotización social;
• Acelerar la implantación de las medidas de ingresos previstas en la Ley de 2023: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización adicional de solidaridad (CAS) y el aumento de la base máxima de cotización. Intensificar su carácter progresivo y redistributivo;
• Mantener las aportaciones de los presupuestos generales del Estado (PGE) procedentes de la imposición general;
• Estudiar la implantación de una cotización sobre el valor añadido de las empresas que incrementaría la aportación de las empresas intensivas en capital (finanzas, energéticas, tecnológicas), las que se apropian de una mayor proporción del producto social convirtiéndolo en dividendos e incrementando la desigualdad.

3º. Además, debemos mantener la oposición frontal a la introducción de los fondos de empleo de capitalización concretado en la declaración de 1 de julio de 2024.

4º. Por último, debemos insistir en la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, como resultado de la cual deberán reintegrarse a la Caja de la Seguridad Social los fondos que conforme a la legislación en vigor han debido ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado.

(*) Mikel de la Fuente Lavín es miembro del comité de redacción de Viento Sur y forma parte del MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria). Xabier Pérez Davila es economista y forma parte del MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)