Pese a tratarse de una buena noticia, la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional contra los máximos responsables del genocidio sionista corre el riesgo de convertirse en meramente cosmética, ya que este tribunal carece de una fuerza policial y que tampoco ha dispuesto medidas concretas para ejecutarla, aun tratándose de un dictamen vinculante para los países firmantes del Estatuto de Roma…
Aitana Irving. Elplural.com
Se ha emitido este jueves una orden de arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu por crímenes en contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza. Estos crímenes alegados por el Tribunal Penal Internacional (TPI/CPI) se cometieron entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024. Además del arresto del primer ministro israelí, se exige el arresto del exministro de defensa Yoav Gallant. Ese mismo día, el TPI ha anunciado el arresto de Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, líder militar de Hamás por crímenes de guerra en Israel y Palestina.
El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que las órdenes son “vinculantes” para todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y que deben garantizar su aplicación. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”, contó el representante.
Una orden de arresto no vinculante
El TPI es el único tribunal con la habilidad de enjuiciar a individuos por crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Al ser un órgano de Naciones Unidas (ONU), las consecuencias reales son difusas. Sobresale que el Estatuto de Roma (origen de la TPI) no ha sido firmado por Estados como Estados Unidos, China, India, Israel, Cuba, Turquía, Corea del Norte, Azerbaiyán ni Iraq, según El Orden Mundial (EOM).
Esta Corte puede encarcelar al culpable con una sentencia que no supere los 30 años o de cadena perpetua si “la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado” lo justifican, según el artículo 77 del Estatuto. Además de la encarcelación, se puede imponer una multa, pero estas penas tienen una deficiencia clave: no existe una fuerza policial que permite detener a los condenados. Asimismo, la jurisdicción del tratado solo es aplicable a los firmantes del Estatuto, de acuerdo con EOM; sin embargo, el comunicado del TPI afirma que las limitaciones de la jurisdicción no son aplicables en este caso porque puede “ejercer su jurisdicción en base a la jurisdicción territorial de Palestina”.
En marzo de 2023 se emitió una orden de arresto para el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada presidencial para los Derechos del Niño de Rusia, María Lvova-Belova. Ninguno de los dos ha sido arrestado por los crímenes alegados por las Cortes.
La respuesta internacional
Muchos países internacionales han manifestado su acuerdo con la orden, pero la aplicación de esta es improbable ya que no existen medidas concretas para su ejecución.
El ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, anunció que se aplicará el orden de arresto al “cien por cien”. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha descrito la sentencia como “lógica”, agregando que: “Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”.
El Gobierno de Argentina, en cambio, ha mostrado su “profundo desacuerdo” con las órdenes de arresto, ya que entiende que “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá”, según un mensaje difundido por el presidente Javier Milei. Estados Unidos comparte su desacuerdo con la decisión, anunciando que “rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte”, según NBC.
La oficina de Netanyahu ha respondido a la condena, llamándolo “antisemita” y afirmando que los crímenes acusados son “absurdos y falsos”. Denuncia las Cortes por ser “un cuerpo político prejuiciado y discriminatorio”, de acuerdo con NBC.
Pese a que Estados Unidos e Israel no han firmado el acuerdo del Estatuto de Roma y no reconocen al TPI como un órgano internacional, la amenaza del exministro neerlandés y el alto representante europeo puede significar que países europeos lleven a cabo las órdenes de arresto. Aun así, el hecho de que Putin no ha sido arrestado, que el tribunal no tenga cuerpo policial y que no haya medidas exactas para arrestar a los dos políticos condenados pone en entredicho su cumplimiento.
