Informa la prensa regional con cuidada asepsia que el Ayuntamiento valenciano de Manises exhumará los restos de un guardia civil sublevado con las tropas de Franco y que fue ajusticiado por la legalidad republicana en 1936. Por su parte, la Diputación Provincial también anuncia que subvencionará a la familia del finado con 20.000 € para facilitar su cristiana sepultura en tierra natal de Córdoba. Ambas medidas se amparan en la mal llamada “ley de memoria democrática”, aprobada en su día por el ejecutivo progresista y que acaba de ser impugnada por la nueva ley de “Concordia” del PP-Vox de la Generalitat Valenciana. Pero, tras 40 años de dictadura franquista y otros tantos del actual régimen de monarquía heredado del anterior, cabe preguntarse: ¿qué clase de justicia (y legitimidad) puede permitir tratar del mismo modo a las víctimas y a los verdugos del franquismo? ¿qué clase de reparación histórica puede darse borrando las diferencias entre quienes lucharon por la libertad y la democracia, muchos aun enterrados en las cunetas, y quienes tomaron las armas para suprimirlas y poner fin a una segunda república surgida de un plebiscito popular? Sin duda, la Justicia y la memoria de los vencedores franquistas…
José Luis García Nieves. Levante-emv.com
Exhuman un guardia civil (franquista) ajusticiado en 1936 e indemnizan a sus descendientes
La diputación aprueba una subvención para devolver a su familia a un militar de Pozoblanco (Córdoba) muerto en los primeros meses de la guerra. «La ley de memoria democrática protege a todas las víctimas», apuntan la corporación y el ayuntamiento.
Esta historia arranca lejos de aquí, en Pozoblanco, Córdoba, y más lejos aún en el tiempo, en agosto de 1936, hace 88 años, pero no se cerrará hasta este 2024, cuando está previsto que una familia recupere los restos de un ser querido perdido en la guerra. La Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Valencia ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Manises para localizar, exhumar e identificar a un guardia civil asesinado en los primeros meses de la guerra. La iniciativa persigue hacer efectivas las previsiones tanto de la ley de Memoria Democrática del Consell de 2017 como la estatal de 2022, en su objetivo de reparar no solo a las víctimas de la dictadura, sino también a todas las víctimas de la guerra.
La familia, trasladan desde la diputación, sabía desde siempre que su abuelo fue asesinado en Valencia en 1936, pero nunca supieron dónde estaba y tampoco pudieron plantearse recuperar su cuerpo. Investigando, descubrieron que los restos podrían encontrarse en Manises, y contactaron con la Diputación de Valencia.
En los primeros días tras el golpe de Estado, Pozoblanco (Córdoba) fue ocupada por los sublevados, y posteriormente recuperada por las fuerzas republicanas el 15 de agosto de 1936. Nada más conquistarla, unos 150 guardias civiles -entre ellos este caso- y varios centenares de personas de esa localidad y otros pueblos vecinos fueron enviados a València, donde muchos de ellos cayeron asesinados en las «sacas» del buque-prisión «Legazpi», apuntan desde la corporación.
Con esa información, desde la diputación se realizaron gestiones, como la consulta con el historiador Vicent Gabarda, máximo especialista en la represión en la C. Valenciana en la guerra y la posguerra. También con el antiguo responsable del cementerio, que indicó que esos fusilamientos fueron el 17 y 18 de agosto de 1938 por la retaguardia republicana en el km 4 de la carretera de Quart a Domeño, según fuentes conocedoras del proceso.
Inicialmente sus cuerpos se depositaron en Paterna, desde donde fueron trasladados a Manises (1939-1940) y enterrados en una cripta, sobre la que con posterioridad se levantó una cruz de piedra. De los 11 guardia civiles enterrados originalmente en Manises, dos fueron devueltos a sus familias tras poder ser reconocidos todavía por la ropa y algunos objetos.
En febrero de 2023, familiares directos de este guardia civil acudieron a València para conocer dónde estaba enterrado su abuelo y visitaron la diputación para pedir ayuda para recuperar su cuerpo y enterrarlo con su esposa. Ha sido a través del Ayuntamiento de Manises con quien se han realizado las gestiones administrativas con las empresas y laboratorio para realizar los trabajos, y a quien la diputación ha concedido una ayuda de 20.000 euros.
Identificar al resto
El alcalde de Manises, Javier Mansilla, apunta que el proceso administrativo y técnico ya está adjudicado, y que a falta de los permisos de la Iglesia, responsable del cementerio, confían en poder llevar a cabo los trabajos en septiembre u octubre. Esta actuación, en realidad, comenzó la pasada legislatura, con el anterior alcalde Jesús Borràs. La familia ha encontrado la complicidad de los dos gobiernos. «Las víctimas son víctimas de todos los bandos, sin colores», apunta Mansilla. De hecho, se va a aprovechar este contrato para conseguir el adn de todas las personas, supuestamente también guardia civiles, que estarían en la misma cripta, entre seis y nueve.
Ley de memoria democrática
El acuerdo de la diputación, aprobado en la última junta de gobierno, se produce en un contexto importante. El Consell acaba de aprobar la ley de Concordia, que deroga la ley de memoria democrática del Botànic. El Gobierno va a activar el mecanismo para negociar los cambios en esta norma, como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, ya que entiende que el texto de PP y Vox contraviene la Carta Magna. Según apuntan desde el área de la diputación que gestiona la vicepresidenta Natàlia Enguix, esta acción demuestra que las leyes de memoria democrática protegen a todas las víctimas de la guerra, independientemente del bando, lo que hacía innecesaria la ley de Concordia.
