La moratoria antidesahucios del Gobierno solo frena uno de cada cuatro.

Ejemplo de un intento de desahucio con la policia

En navidades, los alardes del gobierno más progresista siguen sin descanso. Acaba de prometerse un recorte de media hora de la jornada laboral que no tiene visos de prosperar ante los reparos incluso de la contraparte socialista, mientras que siguen anunciándose medidas de “escudo social” con los pies de barro. Una de ellas, especialmente sangrante para la clase trabajadora, gira en torno a las políticas de vivienda…

Redacción. Poderpopular.info

La legislación puesta en marcha por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos y continuada luego por el gobierno de coalición con Sumar solo ha frenado el 25% de los lanzamientos realizados entre el año 2020 y 2024. Es uno de los principales datos del Informe impacto de la moratoria de desahucios 2021-2023. Primera evaluación de las medidas para evitar los lanzamientos del “escudo social” : RDL 11/2020 y sus prórrogas, un documento elaborado por el Observatorio DESCA y presentado conjuntamente con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).

Los datos apuntan a más de 232.000 desahucios en un margen de únicamente cuatro años, además de todos aquellos desahucios que escapan a los registros. Además de la escasa eficiencia de estas medidas que forman parte del llamado “escudo social”, su implementación finaliza el próximo 31 de diciembre.

El informe identifica a las personas afectadas por esta medida: “El 77,8% de las personas que se valieron de la moratoria para detener su proceso de lanzamiento ya tenían seguimiento en los Servicios Sociales” con lo que, “si bien la pandemia empeoró su situación, no es la causa directa de la misma”, como señalan desde el observatorio DESCA y la PAH. Asimismo, en el informe se detalla que el 77% de las ayudas ofrecidas por Servicios Sociales para evitar los desahucios son en forma de ayudas económicas puntuales;  por otra parte, se da una alternativa habitacional temporal solamente en el 2% de los casos. La conclusión por parte de los autores es clara: “La realidad no se ajusta a las previsiones del mismo decreto, que entendía que esta suspensión era para dar tiempo a las Administraciones Públicas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas adecuadas”.

Otra de las medidas que garantiza esta medida permite poner en marcha un mecanismo de compensaciones a propietarios que no pueden ejecutar el desahucio de familias vulnerables. Como señalan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “este mecanismo implica un desmesurado gasto público que beneficia a muchos grandes tenedores de vivienda como bancos y fondos buitre. Es decir, que este mecanismo hará que aquellos actores que han intensificado la actual crisis de vivienda se vean recompensados con fondos públicos mientras aún podrán efectuar el desahucio de las familias”.

La realidad vuelve a demostrar la nula voluntad de los distintos gobiernos para hacer frente a una de las mayores expresiones de la lucha de clases que atraviesa la realidad del Estado español. El continuado proceso de extracción de beneficios a partir de la vivienda por parte de bancos, especuladores y rentistas. Sin embargo la respuesta no se ha hecho esperar y el avance del movimiento de vivienda está siendo significativo especialmente este último año en el conjunto del Estado. Solamente en los últimos meses hemos asistido a manifestaciones históricas por el derecho a la vivienda en ciudades donde ya venía larvándose un largo conflicto, como en Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona, pero también allí donde nunca antes se habían organizado las luchas por la vivienda como en Xixón, Burgos, Jerez, Salamanca, Murcia o Tenerife. 

Un proceso de movilización que no es fruto de la casualidad, sino que viene acompañado de un camino subterráneo de construcción sindical, de asambleas de vivienda y sindicatos de inquilinas que se están levantando por el conjunto del Estado. Naciendo así formas de organización por la vivienda en Jerez, Burgos, Asturias, Guadalajara, entre otras. Así como el desarrollo de algunas de las primeras experiencias, como el Sindicat de Llogateres de Catalunya o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que están viviendo en estos meses un salto considerable, tanto en su afiliación, como en la capacidad de organizar conflictos colectivos que permiten un salto de escala en la lucha por el derecho a la vivienda. Huelgas frente a grandes propietarios, amplias secciones sindicales en propiedades verticales y nuevas asambleas territoriales se extienden también por las áreas urbanas de las grandes ciudades.

También en el terreno programático la evolución es clara, pues, más allá de una espera pasiva a la legislación del gobierno de turno, se ponen sobre la mesa medidas concretas que comienzan a ser compartidas por miles de personas. La exigencia de bajada inmediata del 50% del precio de los alquileres, la expropiación de vivienda en manos de bancos y de uso turístico para dar forma a un parque público de vivienda o la implementación de contratos de alquiler con carácter indefinido, son algunas de las principales.

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