Rafael Narbona. @Rafael_Narbona
El Tribunal Supremo ha bloqueado la aplicación de la amnistía a los principales líderes del procés, vulnerando la soberanía popular que se expresa en el Parlamento. En cambio, no ha protestado por la amnistía de la que se han beneficiado los 46 antidisturbios imputados por las violentas cargas durante el referéndum del 1-0. Con una aplastante mayoría conservadora en la Sala de lo Penal, el Tribunal Supremo ha incurrido en una prevaricación flagrante, evidenciando que la justicia española está vergonzosamente escorada hacia la derecha.
El 60% de los españoles no confía en la imparcialidad de la justicia. El sistema de oposiciones beneficia a las clases sociales más pudientes, pues exige una media de cinco años de estudio con dedicación exclusiva. La mugre franquista sigue presente en los tribunales. Los jueces españoles ordenan desahucios de familias vulnerables, protegen a los policías acusados de malos tratos y criminalizan la protesta social, enviando a la cárcel a los activistas de izquierdas, como a los seis de Zaragoza. No es una casualidad, pues cuando se disolvió el infame Tribunal de Orden Público, los jueces que lo integraban pasaron a la Audiencia Nacional. Ese pecado original ha contaminado la trayectoria de la justicia desde la Transición.
Un país con una justicia politizada e identificada con las tesis de la ultraderecha no es un país libre, sino una democracia vigilada. Nos hemos puesto a la altura de EEUU, donde el Tribunal Supremo ha aprobado la inmunidad de Donald Trump, eximiéndolo de su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Cada vez está más claro que la democracia solo es el maquillaje del verdadero gobierno en la sombra. Las grandes elites económicas son las que deciden. Y los jueces se ocupan de blindar sus intereses.
Solo hace falta darse un paseo por los juzgados de la Plaza de Castilla para averiguar que a la cárcel solo van los pobres y marginados. La improbable renovación de la justicia garantiza que la situación no cambiará. Muchos jueces consideran a los presos sociales enemigos de clase y les imponen penas severísimas. La administración de justicia en España no se caracteriza por su indulgencia, sino por el populismo punitivo. Una justicia clasista y politizada no es justicia. Como en tiempos de Valle-Inclán, seguimos asistiendo a una triste farsa que no suscita sonrisas, sino muecas de espanto.
