La investidura de Illa

Foto maquetada del presidente Pedro Sánchez y de Salvador Illa aplaudiendose

Carta Semanal 1003. Posicuarta.org

Este viernes 1 de agosto la mayoría de la militancia de ERC ha dado su voto favorable al preacuerdo alcanzado con el PSC. De un total de 8226 afiliados con derecho a voto, 3.397 votaron a favor (un 53,5 %), mientras que 2.847 lo hicieron en contra (un 44,8%) y 105 votaron en blanco. La participación fue de un 77%. Días antes, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se pronunció al respecto, el miércoles 30 de julio la dirección de En Común hizo lo propio y este sábado 3 de agosto el Consell del PSC ratificó igualmente el preacuerdo. Hay, por tanto, una mayoría en el Parlamento de Catalunya que, si no hay imprevistos de última hora, votará a favor de la investidura de Illa en la sesión que probablemente se convoque para el jueves 8 de agosto.

Desde el exilio y amenazando con volver, Carles Puigdemont ha realizado una amplia campaña con su organización Junts y la actual ANC en contra de investir a Illa como presidente de la Generalitat. Paralelamente, las instituciones franquistas, los partidos que las representan -PP y VOX- y los grandes medios de comunicación se están explayando contra el acuerdo entre PSC y ERC, y particularmente contra Pedro Sánchez acusándolo de destruir España. Acusándolo de romper la unidad de los españoles que el Estado de las Autonomías supuestamente garantiza, así como la pretendida  “igualdad” fiscal entre las diferentes Comunidades Autónomas. Se pronuncian también algunos dirigentes del PSOE apegados a la regionalización de España que la Constitución del 78 organizó, mientras otros están a favor de la mejora que este preacuerdo podría iniciar para el conjunto de los pueblos (Cataluña, Valencia -segunda federación-, Baleares, Murcia, Galicia…).

Pero, ¿de qué se trata?

Desde el punto de vista político, es evidente que el contenido del acuerdo, sobre el papel, mejora (y mucho), el sistema de financiación que existe para Catalunya. Para la inmensa mayoría del pueblo catalán lo que existe ahora es injusto: se contribuye más, y se recibe bastante menos, cuestión que se agrava además con los incumplimientos reiterados en cuanto a la ejecución de las inversiones acordadas, etc. Mientras por otro lado, todos los servicios públicos están patas arriba y problemas tan fáciles de solucionar como la sequía parecen insolubles.

Sin duda, supera la propuesta que Artur Mas llevó a Rajoy en 2012 y que éste rechazó “porque no había dinero”, aunque Puigdemont y Junts intenten devaluarlo con el argumento de que no se va a cumplir. Argumento que parece más bien dictado por el hecho de que no ha sido el partido de Puigdemont quien lo ha negociado, ni el que va a formar gobierno. Otra cosa es, naturalmente, que las implicaciones que tiene el acuerdo, que requieren una modificación de la LOFCA, necesitan una mayoría en las Cortes que, a día de hoy, no está garantizada.

Pero si el acuerdo alcanzado entre ERC, PSC y Comuns, puede mejorar la financiación en Cataluña, la cuestión es, sin embargo, que el problema de fondo subsiste. A nadie se le escapa las implicaciones que también tiene en el resto de España. Para los trabajadores y los pueblos, no se trata solo de solucionar el expolio fiscal de Cataluña, sino de abrir un futuro para todos, que el actual sistema impide. Y ello afecta también a Cataluña. No se trata de “salirse” o no del sistema, sino de acabar con él, porque mientras subsista y se contribuya a su mantenimiento participando del mismo aunque no se reconozca, la solución para unos implica inevitablemente un problema para otros.

Del mismo modo, se trata de un acuerdo que no rompe el Estado de las Autonomías, sino que justamente va en la línea de reforzarlo, independientemente de que ésta sea o no la intención de los firmantes. Todo el “jaleo” montado en torno a la supuesta destrucción de España y a la ruptura de la solidaridad interterritorial no es más que una cortina de humo que esconde otras cuestiones. En realidad, el preacuerdo entre ERC y PSC se sitúa en la línea de lo que ya recogía la “Declaración de Granada” elaborada por el propio PSOE en 2013, e impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba. Incluso es posible encontrar declaraciones del PP catalán por las mismas fechas que afirman la necesidad de una financiación singular para Catalunya.

¿A qué se debe entonces tanto “ruido”?

Es falso lo que alientan los dirigentes del PP con la ayuda de algunos barones “socialistas”, que el acuerdo vaya a romper España o que la solidaridad interterritorial quede anulada. Empezando por esto último, quienes nos reclamamos del marxismo afirmamos con rotundidad que el “atraso” de determinados territorios no es algo que haya sido decidido por quienes los habitan: es el resultado de las bases económicas del sistema capitalista y de la propiedad privada, que se ha desarrollado sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría social y solo los beneficios e intereses del capital financiero. Esto se ha acentuado con la forma en que los especuladores configuran cada motor económico, en particular el de Madrid, que ha desecado toda la gran Castilla y León. El de Barcelona en la misma línea, menos acentuada por sus bases.

No es verdad lo que dice García-Page acerca de que la “riqueza nacional” es de todos los españoles: es de unos cuantos, e incluso de algunos que no son ni españoles. Como tampoco es verdad que recaudar todos los impuestos (concierto económico) y establecer luego una cuota de solidaridad (cupo), que son dos cosas diferentes, rompa la solidaridad. Lo que rompe la solidaridad es el mantenimiento de un régimen parasitario que consagra y permanentiza la desigualdad y el atraso. Lo que rompe la solidaridad son los fabulosos gastos militares a cuenta de la OTAN, o las cuentas opacas de la Casa Real (ver diario Ara, 28 de julio), o el fraude fiscal  consentido que sustraen los recursos de todos para gastos que nada tienen que ver con las necesidades de la mayoría social. Lo que rompe la solidaridad y la igualdad es que el 10% más rico de la población española posea más de la mitad de la riqueza del país. Ciertamente, ya no sorprende el cinismo de quienes afirman que el acuerdo alcanzado rompe la unidad, y sin embargo omiten cualquier crítica al concierto vasco y navarro… ¡porque está en la Constitución! Debe ser que al estar en la Constitución, un principio que se pretende insolidario y que rompe la unidad de España deja de serlo automáticamente.

El ataque furibundo contra Pedro Sánchez, que no tardará en equipararse al que se desarrolla contra la amnistía (y tal vez lo supere) desvela el principal problema político de este país, y por ende de todos los trabajadores y pueblos. La herencia franquista presente en las instituciones, impide cualquier avance de calado en la solución de los problemas. Porque vive del enfrentamiento y la confrontación entre pueblos. Porque un acuerdo de estas características (como el acuerdo sobre la amnistía) aleja lo que para ellos sigue siendo el objetivo principal: presionar a Sánchez y al PSOE para volver a la senda del pacto de Estado PP-PSOE. Al primero lo dan por perdido, de ahí la ofensiva contra él en todos los ámbitos. Al PSOE, con la esperanza de que los barones se planten y provoquen una división interna que acabe con Sánchez. Lo que por otra parte, solo abre una perspectiva al PSOE, si quiere resistir con garantías, que pasa por plantar cara a esa herencia. Cuestión que no está en la agenda de sus dirigentes.

La ofensiva franquista solo obedece al intento de preservar los privilegios de la casta que ejerce de hecho una buena parte del poder en interés propio, en interés del gran capital y la banca y al servicio del imperialismo, de la OTAN, el FMI y la UE contra los pueblos. Que nadie se equivoque de enemigo.

A otro nivel, los movimientos de Junts, la ANC, y algunos supuestos “CDR”, movilizándose contra el preacuerdo y llamando a impedir la investidura de Illa, no pueden ser interpretados sino como una pataleta, dirigida contra Sánchez y buscando erosionar a ERC. Que Carles Puigdemont asuma ahora la posibilidad de ser detenido, solo por impedir que Illa sea presidente de la Generalitat, los invalida y retrata la estrategia de quienes han utilizado las aspiraciones nacionales no como catapulta para la emancipación nacional y social, sino para mantener su particular estatus quo.

¿Y ahora qué?

Salvador Illa se pasó toda la  campaña electoral diciendo que había que pasar página y que quería liderar un cambio de etapa. Para unos (los poderes económicos, etc.) representa la estabilidad institucional que no garantizan otros a día de hoy. Para los trabajadores (sin gran entusiasmo) representa la posibilidad de no caer otra vez en un callejón sin salida, que los enfrente gratuitamente a los trabajadores y pueblos de España. Se trata sin duda de una cuestión contradictoria.

Todo apunta a que Illa será, salvo imprevistos, el próximo presidente de la Generalitat. Hay quien cree que esto certifica el fin del “procès”. Después de 14 años de gobiernos en manos de partidos independentistas, es evidente que ese ciclo y todo lo que ha conllevado, se ha acabado. Pero no se ha acabado la cuestión nacional, de la misma manera que el Estado de las Autonomías, recogido en el título VIII de la Constitución de 1978, donde se consagró la regionalización del Estado, la formación de las Comunidades Autónomas y el “café para todos”, tampoco lo ha resuelto.

El Estado de las Autonomías diseñado para desviar las aspiraciones nacionales del conjunto de pueblos, en particular de vascos y catalanes, y para aplacar la movilización de los trabajadores desencadenada antes y después de la muerte de Franco, lejos de representar los intereses comunes de todos los pueblos de España no ha hecho sino profundizar la división: las regiones más pobres se han empobrecido en detrimento de las más ricas. En contra del discurso oficial que ensalza la estructura autonómica como garante de la unidad y la igualdad, los servicios públicos no son los mismos en todos los territorios. Todas las autonomías están “infrafinanciadas”, es decir, reciben menos de lo necesario para garantizar unos servicios públicos suficientes: los recortes son una realidad en todas las Autonomías. No son una  particularidad de Catalunya, la bajada real de salarios lo mismo, o el nivel de pobreza. Su aumento es prácticamente el mismo -hacia el 24% de la población–, mientras que las ganancias fabulosas de las multinacionales sean de origen vasco, catalán o de Madrid son parejos. La realidad es que el Estado de la Autonomías ha favorecido al gran capital con la competencia entre regiones y facilitado la división de la clase obrera y las organizaciones, pero NO ha eliminado ni la lucha de clases, ni la aspiración a la soberanía de los pueblos.

Efectivamente, el acuerdo para investir a Illa pretende una reforma del Estado autonómico, intentando solucionar la cuestión de la infradotación de los servicios públicos y otras competencias, pero sin cuestionar el marco en que estas políticas  se desarrollan o sea el marco del régimen monárquico y la preservación del Estado parasitario heredado del franquismo: no es la solución. Lo que se abre a continuación es una situación que lejos de estabilizarse, avanza a pasos agigantados en dirección contraria. Esta situación exige más que nunca avanzar en la formación de un movimiento organizado de ruptura con el sistema, con el régimen monárquico, por el conjunto de las reivindicaciones sociales y democráticas que ayude a forjar la alianza de los Trabajadores y los Pueblos del estado

Que combata un sistema que infrafinancia los territorios (las comunidades autónomas y los ayuntamientos) en aras de mantener un estado parasitario, y que no garantiza la existencia de unos servicios públicos iguales para todos. Que combata en definitiva por la República y la Unión de repúblicas.

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