Mientras las riadas arrasaban pueblos del Campo de Belchite y la solidaridad vecinal se destacaba en la ayuda, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se iba en coche oficial a una boda en Galicia. No es una caricatura. Es un desastre climático y urbanístico unido a la desidia institucional. Un desastre que “resuena” con las equiparables circunstancias que se vivieron cuando la DANA de Valencia, aun sin muertos y que vuelve a resaltar la necesidad de organizar una auto-protección civil entre la población …
Jorge Calderón, Ivan Guerrero. Izquierdadiario.es
En la noche del 13 al 14 de junio, una sucesión de tormentas extremas arrasó más de una docena de pueblos en Zaragoza y Teruel. Azuara, Letux, Villar de los Navarros… nombres que suelen estar fuera del radar mediático y político, volvieron a la primera plana solo para ilustrar la devastación. El barro lo cubrió todo: casas, plazas, calles. Pero también dejó al descubierto un mapa de desigualdades que, a base de abandono, ha convertido estas comarcas en zonas donde se concentran los peligros de fenómenos climáticos extremos.
Lo que se arrastra tras la riada
La fuerza del agua fue brutal, pero llovía sobre años de desinversión, infraestructuras abandonadas, cauces sin mantenimiento, servicios de emergencia debilitados y una política de “respuesta” en lugar de prevención. Los medios disponibles de la Diputación para dar respuesta a la emergencia quedaron en evidencia también que son totalmente insuficientes. El barro entró por la puerta que las administraciones han dejado abierta.
Y mientras las vecinas y vecinos —gente mayor, jornaleros, trabajadores— se lanzaban a limpiar con sus propias manos lo que el agua se llevó, el presidente Azcón se encontraba a casi 1000 kilómetros, de celebración privada. No acudió hasta el lunes, tres días después de la catástrofe. Eso sí, en coche oficial.
Cuando acudió a la localidad de Azuara fue increpado por vecinas y vecinas, que tras tres días sacando barro, le recibieron con abucheos, reprochando que viniera “a hacerse la foto” e ironizando: “cuida que te vas a manchar los zapatos”. Ante lo que se pretendía orquestar como una foto en la que los vecinos son un decorado para limpiar su imagen, respondían: “esto hacía falta el viernes, a picar desde el viernes”, o “hoy habéis venido. Todo esto sobra hoy. Ayer hacía falta, que fue el pueblo quien nos salvó, los vecinos, no vosotros”.
Este desprecio no es sólo simbólico. Es estructural. Es de clase. Porque si las aguas hubieran cubierto una urbanización de lujo o un barrio acomodado de Zaragoza, ¿Se habría actuado igual de lento? ¿Se habrían retrasado los equipos de intervención dependientes del gobierno autonómico y central? ¿Habría desaparecido de golpe el responsable político?
¿Dónde está la planificación?
Las inundaciones como las vividas en las comarcas del sur de Zaragoza no son hechos imprevisibles. La crisis desatada con la DANA en Valencia demostró que los recortes en emergencias, la ocultación de alertas ante el interés patronal o la urbanización que ignora el riesgo por el lucro son moneda corriente. Desde hace décadas existen mapas de riesgo, planes de actuación y advertencias de científicos y colectivos ecologistas. Pero 3 millones de personas en el Estado español viven en zonas inundables.
Hace dos años ya recordamos en Zaragoza el temporal que convirtió en una riada el Barranco de la Muerte, por donde se había construido el tercer cinturón de la ciudad e incluso el colegio María Zambrano en el barrio de Parque Venecia (Zaragoza). Estos episodios evidencian que el urbanismo español no obedece a la razón, sino al mercado.
El desastre no es natural
Esta tragedia no es un fenómeno aislado. Es la continuación de una gestión que lleva años alimentando riadas y más desastres naturales que empeoran con los recortes, la privatización y la precarización de los servicios de bomberos forestales, emergencias y cuidado del entorno natural. Sus recortes y privatizaciones repercuten en las condiciones inestables y precarias de sus plantillas, pero también en las pérdidas humanas, económicas y naturales del medio rural. Por ejemplo, en 2022, más de 14.000 hectáreas ardieron en el incendio de Ateca, provocado por una retroexcavadora operando en plena ola de calor.
Los trabajadores que cuidan del monte y ríos llevan años denunciando la precariedad del sector, la falta de medios, la temporalidad abusiva. Son esenciales y aún se muestra más ante catástrofes como ésta. Este verano volverán a pelear no sólo contra desastres ecológicos, sino también contra unas administraciones que tanto con el PP como con el PSOE han levantado modelos de negocio, privatización, recortes y precariedad. La solidaridad con estos sectores, el pase a plantilla pública, la estabilización de las plantillas y el aumento de efectivos están entre las demandas para evitar males mayores ante unos fenómenos extremos que se agravan con la crisis climática.
Solidaridad de clase
El Gobierno de Aragón ha anunciado una ayuda de 10 millones de euros para reparar los daños. Pero la pregunta no es cuánto se repara, sino por qué se destruye. ¿Cuánto se invierte en prevenir? ¿Por qué no se refuerzan los servicios públicos, se acondiciona el cauce de los ríos, se protege a la población rural frente a fenómenos cada vez más extremos provocados por el cambio climático?
Las respuestas son claras. No hay voluntad política porque no hay rentabilidad inmediata. Porque los pueblos como Letux o Azuara no están en el punto de mira de grandes constructoras amigas del gobierno aragonés, ni entre sus apuestas empresariales unidas a la superexplotación o la guerra.
Frente a todo esto, la dignidad de los pueblos ha vuelto a brillar más que el coche oficial del presidente. Las cocinas colectivas, las cadenas de voluntarios, la vecina que ofrece su casa como almacén, la organización de envíos de materiales desde otras localidades aragonesas… muestran que hay otra forma de afrontar las tragedias: desde abajo, con solidaridad, con organización popular, con conciencia de clase.
