Importante huelga metalúrgica en Cantabria. La lucha continúa.

Alejandro López. Wsws.org

Alrededor de 22.000 trabajadores metalúrgicos de Cantabria, una región industrial del norte de España, están en huelga en defensa de sus salarios y sus condiciones de trabajo. Los paros, que comenzaron el martes 3 de junio y continuarán el 4, han paralizado casi por completo la producción en talleres y plantas industriales de Santander, Torrelavega, Guarnizo, Ampuero y Reinosa.

Según los sindicatos que convocaron la huelga —Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical de Trabajadores (USO)—, la participación supera el 90 por ciento.

La huelga podría convertirse en un paro laboral indefinido a partir del 9 de junio si la asociación de empresarios del metal, Pymetal, continúa rechazando incluso el modesto aumento salarial del 3,5 por ciento exigido por los sindicatos, destinado solo a recuperar los ingresos perdidos por la inflación en los últimos años. Pymetal ha adoptado una postura abiertamente agresiva, rechazando estas demandas y amenazando con eliminar las ganancias existentes, como las mejoras en el pago de vacaciones y el bono del turno de noche.

La resistencia de los trabajadores metalúrgicos cántabros está totalmente justificada. Durante años, han soportado la peor parte del impulso de España para mantener la ‘competitividad’ en el mercado global, lo que ha tenido como resultado salarios estancados, jornadas más largas y una creciente transferencia de riqueza a la clase capitalista. Estas condiciones no han hecho más que empeorar a medida que la inflación, impulsada en gran parte por la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, ha devorado los ingresos de los trabajadores.

El sector metalúrgico, que representa casi el 40 por ciento del PIB industrial de Cantabria y emplea a casi la mitad de la mano de obra manufacturera de la región, es económicamente vital. Sin embargo, los que hacen el trabajo —maquinistas, soldadores, ensambladores— no ven ninguna de las recompensas. Ahora, mientras exigen contratos justos, los empresarios les dicen que ‘no hay margen’ para mejoras.

La huelga ha provocado una respuesta histérica de la clase capitalista española. La patronal CEOE ha reclamado al Gobierno PSOE-Sumar aplastar la huelga, declarando que ‘ la administración pública debe responder de una forma contundente y no permitir los actos de delincuencia que están teniendo lugar hoy.’ También exigió que los huelguistas en los piquetes fueran ‘a la cárcel’.

El peligro de que el gobierno PSOE-Sumar emplee la represión es muy real. En 2022, su antecesor, el gobierno PSOE-Podemos, desplegó policías antidisturbios y vehículos blindados contra los trabajadores metalúrgicos en huelga en Cádiz. Meses después, lanzó la mayor operación policial en la historia laboral moderna de España, movilizando a más de 23.000 agentes para romper una huelga nacional de camioneros.

Esto deja al descubierto la bancarrota de fuerzas pseudoizquierdistas como Podemos, que ahora se sientan en el parlamento respaldando a la coalición PSOE-Sumar. La filial regional de Podemos en Cantabria acusa ahora a las grandes empresas de que ‘la verdadera irresponsabilidad es pretender imponer retrocesos laborales mediante amenazas y desprecios’, y expresa su ‘apoyo y solidaridad’ a los trabajadores del metal ‘que están dando un ejemplo de lucha, dignidad y resistencia’. Pero cuando Podemos estaba en el gobierno, envió a la policía primero contra los metalúrgicos en huelga en Cádiz, y luego contra los camioneros.

Hoy en día, sigue apoyando al gobierno PSOE-Sumar mientras este lleva a cabo el mayor programa de rearme de España desde el final de la dictadura franquista, canaliza miles de millones de dólares en fondos públicos a las grandes empresas bajo el pretexto de la recuperación pospandémica e impone una austeridad generalizada a la clase trabajadora.

En medio de la huelga, el gobierno regional cántabro liderado por el PSOE trata de presentarse como una parte neutral, y el ministro de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, instó a ambos lados a actuar ‘responsablemente’ y respetar los derechos a la huelga y al trabajo garantizados por la Constitución. Pero Arasti ya se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno nacional PSOE–Sumar en Cantabria, responsable de los antidisturbios, para hacer cumplir “el derecho al trabajo”, un respaldo velado a la ruptura de huelgas.

Los sindicatos, CCOO, UGT y USO, se han visto obligados por la creciente indignación de los trabajadores a convocar esta huelga. Sin embargo, su función sigue siendo la de contención, aislamiento y, cuando consideren que ha llegado el momento, la de traición. Estas organizaciones ya no funcionan como auténticos instrumentos de la lucha de clases, sino como ejecutores burocráticos que trabajan para preservar la autoridad de la patronal y del estado capitalista.

Sus tácticas de hoy son una repetición directa de su conducta durante las huelgas de los trabajadores metalúrgicos de 2021 y 2022. Entonces, como ahora, limitaron cada huelga al estrecho marco de los comités de empresa locales, bloqueando cualquier intento de unificar a los metalúrgicos de toda España o de enlazar con huelgas en otros sectores, como el de los trabajadores postales, el personal sanitario, los docentes, las tripulaciones aéreas, y los trabajadores del textil y del cuero. Los sindicatos se negaron a convocar una acción coordinada, optando en su lugar por organizar protestas aisladas y huelgas de corta duración que les permitieron desmovilizar gradualmente y, finalmente, liquidar las huelgas.

En 2022, esto culminó con la traición a la huelga de 21 días de los trabajadores metalúrgicos en Cantabria. Después de tres semanas de lucha militante, que incluyó grandes piquetes y duros enfrentamientos con la policía, los sindicatos llegaron a un acuerdo que ni siquiera logró igualar la inflación, es decir, un recorte salarial en términos reales.

El sindicato UGT se refirió a esta huelga en un comunicado, declarando: “UGT FICA, CCOO y USO en Cantabria se limitan a reclamar la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la vigencia del convenio colectivo anterior, en un contexto en el que las empresas están obteniendo beneficios. Así como en la última ronda de negociaciones [la traición de 2022], cuando los trabajadores hicieron un esfuerzo significativo, ahora es el turno de las empresas de corresponder de igual manera y aceptar, al menos, la recuperación del poder adquisitivo perdido.”

Ahora, tres años después, la crisis se ha reavivado, no porque los trabajadores ‘se hayan esforzado’ sacrificando su nivel de vida en 2022, sino porque ese acuerdo fue una traición. Sin embargo, los mismos líderes sindicales ahora se presentan como campeones de las ‘condiciones dignas’, afirmando que creen que es hora de resistir el ‘juego sucio’ de los empresarios.

La pseudoizquierda está interviniendo activamente para mantener la autoridad de la burocracia sindical y ayudar a estrangular la huelga. Grupos como la morenista Corriente Revolucionaria de Trabajadores (CRT), están trabajando para canalizar el descontento de los trabajadores hacia el callejón sin salida de las apelaciones a los sindicatos.

En un reciente artículo publicado en Izquierda Diario, CRT escribe que para conseguir “un aumento salarial que revierta el retroceso durante el último convenio […] no basta con reforzar los piquetes, hay que exigir a los grandes sindicatos que convoquen asambleas tras las jornadas de huelga para decidir cómo continuar la lucha y extenderla a otros sectores. Hay que exigir a las direcciones de CCOO, UGT y USO, que convoquen ya huelga en las grandes empresas del metal que tienen convenio propio, para que la huelga sea aún más contundente, y la presión sobre estas grandes empresas obliguen a PYMETAL a sentarse a negociar.”

Esta perspectiva desarma a los trabajadores, fomentando la ilusión de que las mismas burocracias responsables de aislar y traicionar luchas pasadas pueden ser presionadas para liderar una lucha auténtica. Sólo sirve para mantener el control de los sindicatos sobre la huelga y evitar que los trabajadores desde la base se organicen y tomen el control de la huelga en sus propias manos.

La huelga hay que defenderla no solo contra Pymetal, sino también contra Sumar, Podemos y los sindicatos. Esto requiere la formación de comités de base independientes, enraizados en los lugares de trabajo y controlados democráticamente por los propios trabajadores. Estos comités deben vincularse con otros sectores, como la sanidad, el transporte, la educación y los trabajadores postales, y hacer un llamamiento a la solidaridad internacional, como parte de una lucha más amplia contra la austeridad, el militarismo y la explotación capitalista.