Como señala la editorial de Diario-red, tras el testimonio del presidente de gobierno en la rueda de prensa solemne del martes 22 de abril, el gobierno Sánchez, integrado por dirigentes del PSOE y de Sumar (IU-PCE), orienta la proa de España hacia un régimen de guerra que compromete nuestro futuro de forma estructural…
Editorial. Diario-red.com
El día 22 de abril de 2025 se recordará en el futuro como hoy se recuerda el infame 2 de septiembre de 2011, cuando el PSOE y el PP votaron de la mano en el Congreso de los Diputados para reformar el artículo 135 de la Constitución al dictado de los hombres de negro de la Troika. Sí aquel día, hace ya casi una década y media, el bipartidismo se puso de acuerdo para blindar los beneficios de la banca y encaminó a España a los largos y crueles años de la mal llamada ‘austeridad’, si aquel pacto de élites contra la gente trabajadora insertó a nuestro país en una trayectoria estructural que afectaría a todos los ámbitos de la vida, el anuncio solemne del presidente Sánchez en Moncloa este martes supone una decisión del mismo calado, esta vez dirigiendo la proa del navío hacia el régimen de guerra. Y que nadie se llame a engaño. Aunque el PP haya salido a tocar las maracas habituales del burdo juego de máscaras del sistema del turno y haya criticado al gobierno por haber tomado esta decisión, cualquier colegial de primaria sabe perfectamente que los de Feijóo están completamente de acuerdo con el aumento exacerbado del gasto militar. Si no, que se lo digan a Pablo Casado, cuyo fondo buitre armamentístico ha recibido más de 70 millones de euros de dinero público del gobierno de Sánchez.
Del mismo modo que injertar los intereses de la banca alemana en la carta magna española supuso brutales recortes en los servicios públicos y la desposesión de millones de familias en nuestro país, el aumento de más de 10.000 millones de euros en un solo año para la industria de la guerra tendrá consecuencias equivalentes, aunque el presidente lo niegue. El propio ministro de economía, Carlos Cuerpo, dijo este fin de semana en una entrevista para el periódico conservador El Mundo que el aumento en el gasto militar —el más grande en la historia de España— “ha llegado para quedarse”. Dicho de otra forma, el gasto militar se puede aumentar, pero no se puede reducir.
Para entender lo que significa esto, conviene pensar sobre el total del gasto militar que ya ha comprometido el gobierno de Sánchez: un 2% del PIB, algo más de 33.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta la cuantía total de los últimos presupuestos aprobados, aproximadamente 486.000 millones, pero restamos de esa cantidad las partidas que a priori no se deberían poder tocar, como las pensiones, los intereses de la deuda, las transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social o la seguridad y las prisiones, llegamos a la rápida conclusión de que el Estado central apenas dispone de unos 110.000 millones de euros en epígrafes que podríamos calificar como ‘modificables’. De esas partidas, que incluyen la inversión estatal en infraestructura, en investigación, en sanidad o en educación, el gasto militar comprometido para 2025 supone uno de cada tres euros. Aunque el presidente ha dado su palabra de que no va a tocar ni un euro de inversión social para poder alcanzar la cifra del 2% del PIB, es fácil comprender que un desembolso equiparable al total del servicio anual a la deuda pública o 10 veces superior a la inversión estatal en materia de vivienda, un desembolso que además se asume como políticamente intocable, compromete muy seriamente todo el resto de la actividad económica del Estado durante este año y en los años futuros.
Sánchez ha argumentado que lo que le permite llevar a cabo ese aumento sin reducir la inversión social es, por un lado, la bonanza macroeconómica española (algo que no tiene por qué mantenerse siempre), el ahorro que ha hecho el gobierno por su ‘gestión eficiente’ (un eufemismo para referirse a recortes por la puerta de atrás en la forma de gasto comprometido que nunca se ejecutó) y la posibilidad de llevar a cabo reasignaciones de partidas (es decir, retirar fondos a otros fines para dedicarlos a la industria de la guerra). Si olvidamos por un momento que las dos últimas fuentes de fondos mencionadas por el presidente son, de hecho, recortes en otras partidas que ya están aquí, es completamente obvio que secuestrar 33.000 millones de euros cada año es una soga al cuello para ejercicios futuros que va a obligar a recortar aún más si, en algún momento, los ingresos del Estado se reducen en lo más mínimo.
Además de la inevitable implementación de recortes y la evidente renuncia a resolver los problemas sociales que existen en España, la decisión de haber elegido el camino del rearme y de la guerra tiene también profundas implicaciones políticas
Pero, incluso aceptando que pueda ser posible aumentar más de 10.000 millones de euros de gasto militar en un solo año sin llevar a cabo recortes sociales, incluso olvidando que nada garantiza que ese mismo criterio se pueda cumplir en 2026, resulta imposible explicar para un gobierno que se autodenomina ‘progresista’ cómo puede ser que haya encontrado con tanta facilidad 10.000 millones para la industria de la guerra cuando todavía existen tantísimas necesidades sociales por cubrir en España. Pensemos que la aprobación de los permisos marentales y parentales de crianza de ocho semanas que el gobierno se niega a aprobar tendrían un coste total de 1.800 millones de euros anuales, menos de la quinta parte del aumento del gasto militar. Pensemos que la inversión estatal en dependencia es de 3.000 millones de euros cada año y el total del conjunto de las administraciones es de 10.000 millones. Si el dinero comprometido por Sánchez este martes se invirtiera en dependencia, esta cuarta pata del Estado del bienestar vería inmediatamente duplicada su financiación. Con 10.000 millones de euros anuales se podría pagar el alquiler social a 1 millón de familias. El presidente ha dicho que el aumento del gasto militar puede generar 100.000 nuevos empleos entre trabajos directos e indirectos; la misma cantidad dedicada a la economía social y pagando 1,5 veces el SMI generaría tres veces esa cantidad en empleos únicamente directos.
Por último, además de la inevitable implementación de recortes y la evidente renuncia a resolver los problemas sociales que existen en España, la decisión de haber elegido el camino del rearme y de la guerra tiene también profundas implicaciones políticas. Cuando los países se rearman, sus posibles enemigos también lo hacen y el riesgo de ser atacados aumenta. Armarse hasta los dientes no aumenta la seguridad de una nación, sino que la señala como un agresor potencial y hace que los demás tomen medidas. Pero es que, además, la esencia violenta del discurso bélico, la militarización de la política —y hasta de la industria civil, como defiende el gobierno—, son el caldo de cultivo para los movimientos políticos que mejor se mueven en esa violencia. Si la extrema derecha ya estaba creciendo en España y en la Unión Europea, ahora que sus élites políticas, económicas y mediáticas han decidido transitar a un régimen de guerra, su crecimiento será sin duda aún mayor.
Con la rueda de prensa solemne del 22 de abril de 2025, el gobierno de Sánchez se ha convertido oficialmente en el gobierno de la guerra y cualquier actor político mínimamente progresista o de izquierdas que permanezca a su lado puede acabar rápidamente incinerado.
