El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2024 era de 16.150 millones de euros. A esto hay que sumar los sucesivos incrementos aprobados por Consejo de Ministros, con los que el gasto ejecutado a final de año puede superar los 60.000 millones de euros alcanzando casi el 6% del PIB. Seguidamente incluimos una parte del detallado y extenso informe realizado (recomendamos consultarlo completo aquí), con las conclusiones del autor y dejando en el aire una pregunta esencial para abri el debate: “¿qué falla?”…
Juan Carlos Rois. Grupotortuga.com
(Según los datos proporcionados por este informe…) Hemos intentado describir un panorama de refuerzo del militarismo capitaneada por un gobierno rendido a los reclamos de aumento del gasto militar y favorables al lobby industrial-militar.
Contamos con un desalentador y desesperante crecimiento del gasto militar, tanto el que ocultan como el que reconocen, que crece progresivamente desde hace décadas y que ahora parece que quiere tomar nuevo impulso en un contexto mundial de aceleración de los conflictos interestatales y de grandes bloques, de preparación y amenaza con el uso de la guerra y de nueva escalada de armamentos.
No menos deprimente es el activismo de las izquierdas gobernantes en esta recrecida militarista y el silencio y desinterés, cuando menos irresponsable y en general cómplice, de las fuerzas políticas representadas en el parlamento, particularmente las que se suponen más sensibles a la causa de la paz y la solidaridad, que pretenden pasar de puntillas cínicamente sobre este tema tan espinoso como si no fuera con ellos el problema.
Si atendemos a las tendencias actuales de nuestro gasto militar, tanto por su enfoque como por su magnitud y la complacencia con la que se configura el consenso que lo facilita, podemos decir que éste sirve, básicamente, para consolidar dos crudas realidades y promover cinco líneas de acción política.
Empecemos con las primeras.
1) La primera realidad es que apuntala la estructura militar y los males endémicos de nuestro militarismo tradicional (a los que nadie quiere meter el diente) con su gigantismo estructural, su providencialismo político, su opacidad y pretensión de autonomía corporativa, su creciente expansión a campos tradicionalmente civiles, su ideología reaccionaria y esencialista, su enfoque intervencionista, su subordinación a intereses geopolíticos externos, su parasitismo social y enorme coste de oportunidad, su insostenible gasto militar que lo financia y su papel de punta del iceberg del militarismo social y político que aprisiona la posibilidad de una democracia sustantiva, inclusiva y sensible a la justicia y la paz como valores y caminos.
Se consolida así, dotándola de una financiación exagerada y en detrimento de los bienes y necesidades sociales, la razón militarista.
Las políticas que el gobierno del PSOE y sus aliados han asumido cronifican este aparato militar y la ideología que le es propia y expanden y proyectan su radio de acción a espacios tradicionalmente civiles con el entusiasmo de nuestros dirigentes.
No hace falta argumentar demasiado sobre el papel nefasto de los ejércitos y del militarismo desplegado por nuestras autoridades. Existe ya bibliografía más que suficiente que demuestra su acción peligrosa, cuando no parasitaria, y en detrimento de la atención a las necesidades sociales. No estamos en los tiempos en los que el ejército consumía más del 50% del presupuesto estatal, pero el crecimiento de nuestro gasto militar y de la propia razón militarista está muy por encima de la media de los últimos cuarenta o cincuenta años.
Nuestro militarismo crónico se expande más allá de los ejércitos y la exagerada estructura militar que arrastramos y hoy, como ayer, penetra en las mentalidades sociales y en el quehacer político.
Precisamente hoy es de rabiosa actualidad el empleo de militares y del propio ejército y sus infraestructuras, material y logística como organizadores sociales que, por si fuera poco, reclaman estar al margen de directrices políticas e ir por libres.
Y no es solo el caso de los dos generales alzados, cual virreyes, en Valencia para la reconstrucción (en una comunidad que cuenta con personas de reconocida competencia y cualificación y con una universidad politécnica de las más importantes del estado) o del otro general que gobierna a la UME y a las tropas militares desplazadas como fuerza de choque contra la pandemia. Arroparse en militares se ha vuelto más generalizado. Recordemos la pandemia. Veamos los politólogos y comentaristas que nos explican los conflictos de Ucrania o en oriente medio o al propio coronel Baños explicando (y vendiendo cual betseller) la geopolítica y la prospectiva del mundo. Miremos los múltiples oficiales militares reconvertidos en jefes de seguridad en policías locales de todo signo, o revisemos los discursos políticos al uso.
Analicemos la transversalidad de las ayudas públicas a la industria militar o de los ministerios que participan en ocultar gasto militar. Revisemos las puertas giratorias entre el ejército y los oscuros intereses de la industria militar.
2) La segunda realidad es que se acelera la implicación, subordinada a los intereses y a las dinámicas de dominación violencia del bloque occidental, de España en las políticas de injerencia militar en defensa de un estatus quo injusto y colonial. Y esto nos convierte en una potencia militar, a nuestra modesta escala, indeseable y agresiva a los ojos de pueblos por los que nuestra presencia, vendiendo armas o participando en la injerencia militar, deja rastro.
El ejército, tanto por su despliegue en las operaciones en el exterior en las que participa, como por su implicación y asunción en los objetivos políticos y estratégicos de la OTAN, está enfocado al intervencionismo en el exterior.
El número de operaciones en el exterior, que supera las 100, del ejército heredado del franquismo, junto con el paso por estas operaciones de más de 130.000 efectivo a lo largo de todos los años en que España participa como uno de los principales contribuyentes de la UE, la ONU y la OTAN a estas operaciones da cuenta de la orientación intervencionista del ejército español y de la acción exterior española.
Del mismo modo, le tipo de armamento que financian nuestros presupuestos está enfocado a estos propósitos de injerencia militar. Barcos, submarinos, aviones, helicópteros, misiles y baterías de misiles, vehículos, drones, sistemas de guerra cibernética, satélites militares, unidades contra catástrofes y contra guerras NBQR, y un largo etcétera enfocados a su desplazamiento a miles de kilómetros y «proyectarse» en conflictos que exportamos en áreas lejanas.
También los tratados que mantenemos con EE.UU y la cesión de las bases militares de Morón y Rota para el despliegue y la proyección militar de EE.UU, así como el uso que permitimos de los campos de entrenamiento militar de Bardenas Reales a ejércitos de la UE y la OTAN, junto con los cuarteles en territorio español de la OTAN y de la UE, muestran esta orientación intervencionista de nuestro ejército.
Por si fuera poco, nuestra industria militar, la octava del mundo, fomenta la guerra y el conflicto con el apoyo proactivo de nuestras autoridades políticas, que actúan como agentes comerciales de los intereses de este nefasto lobby.
Y contemos ahora las cinco líneas políticas que el gobierno ha decidido y nos oculta:
1) Aumentar progresivamente el gasto militar en detrimento de las necesidades sociales.
Se habla de llegar, e incluso superar, el 2% PIB, sin tener en cuenta que ya lo superamos si contabilizamos el gasto oculto, los constantes gastos extraordinarios y el impacto de la deuda militar en nuestra sociedad.
Es una decisión clara del gobierno, asumida por los partidos que lo integran, que no plantean alternativas reales y aprueban claudicantemente aumentos de gasto militar en cada consejo de ministros.
Es una decisión compartida por los partidos que apoyan la mayoría de gobierno, como demuestra la absoluta falta de líneas rojas al respecto en la negociación de los presupuestos o, sin ir más lejos, la falta real de enmiendas relativas al presupuesto de defensa o a la inclusión de tapadillo de gasto militar en otros ministerios en los años en que se han llegado a discutir los PGE.
Es una decisión compartida por todo el espectro político del arco parlamentario.
Nunca se ha efectuado una auditoría del gasto militar para detectar partidas que son de sobra conocidas del mismo fuera del presupuesto de defensa, o para revisar el enorme descontrol, opacidad o despilfarro del mismo.
No se han auditado las operaciones militares en el exterior desde el punto de vista económico y político ni se ha sometido este tipo de gasto al control y evaluación, por ejemplo, de la AIREF o de instituciones independientes.
A la vez que el gasto militar crece de forma gradual y constante, las políticas públicas destinadas a cubrir necesidades sociales básicas no tienen similar tratamiento y se ven perjudicadas por el reparto de prioridades elegido por nuestros gobernantes.
Las políticas de igualdad, de cuidados, de solidaridad, lucha contra la pobreza, justicia social, seguridad ambiental o los servicios básicos se encuentran infradotados a pesar de hacer referencia a la seguridad en su vertiente de seguridad humana, mientras las preferencias por el gasto militar invierten, paradójicamente, en una seguridad militar que cada vez nos vuelve el mundo más inseguro.
2) Hacer de la falta de transparencia, de la ausencia de debate y del adoctrinamiento un eje de su política de adoctrinamiento y legitimación del militarismo
La falta de debate y crítica alcanza a todos los escenarios y espacios del ejército y de la acción militar.
Los presupuestos que se nos presentan son falsos, opacos, llenos de puntos negros y para colmo se amplían de forma constante sin control alguno y sin que la sociedad tenga la capacidad de saber el enorme impacto del mismo.
Las operaciones militares en las que participa España no se controlan ni económica ni políticamente. No hay evaluación, no hay debate público, no se admiten expertos externos e independientes, menos aun la interferencia de organizaciones sociales o grupos que podrían tener algo que decir (por ejemplo de signo ecologista, de solidaridad internacional, del ámbito pacifista) ante el impacto de la acción militar.
En el parlamento el control ejercido sobre estas políticas es inexistente. La comisión de defensa del congreso se dedica a temas anecdóticos y sin profundidad real. Tampoco el parlamento decide las líneas generales de la política militar. Por ejemplo, no se aprueba la directiva de defensa militar en sede parlamentaria, ni se debaten las grandes líneas de la defensa: qué hay que defender, cómo hay que defender, quién tiene que defender. No hay organismos de fiscalización adecuados a pesar del conocido despilfarro, duplicidad y gastos innecesarios que oculta el gasto militar español y la falta de eficiencia que mantiene.
La información que se ofrece sobre los ejércitos y la defensa en los medios de comunicación es, salvo honrosas excepciones, superficial, acrítica, desinformada y poco experta. Mantiene altas dosis de adoctrinamiento militarista y la constante de legitimación, lavado de cara, ensalzamiento de los ejércitos, minimizándose la voz crítica sobre los mismos.
Las grandes decisiones, como el endeudamiento espectacular por los programas de armamento, se adoptan de forma opaca y sin debate, mientras el lobby militar-industrial penetra en las instituciones y crece el fenómeno del puerta-giratorismo en materia de defensa.
Se amplifican los acuerdos marcos con universidades, fundaciones, asociaciones y empresas de la sociedad civil para la difusión doctrinaria de lo que llaman conciencia de la defensa, mera propaganda militar destinada a cooptar materia gris al servicio del militarismo.
Se prodigan los cursos, master, etcétera de «comunicación para la defensa y seguridad» en diversas universidades y se facilitan materiales didácticos destinados a institutos y colegios de un vergonzante y manipulador contenido militarista.
Se lleva a cabo una labor de intoxicación comunicativa por parte de los departamentos diseñados por Defensa en base a un plan de comunicación que predica la procrastinación como técnica comunicativa y dirigida por una dirección general de comunicación de la defensa.
La sociedad en su conjunto es ignorada en temas de defensa. No cuenta para nada. No es consultada. De ella solo se espera que acepte, aplauda y pague.
No es de extrañar que, en un gradual giro de tuerca, acaben proponiendo algún tipo de contribución personal a futuro en la acción de las políticas de defensa, ya sea como recuperación de algún tipo de conscripción, o como asistencia a cualquier tipo de acto de identificación con los valores y metodologías militares.
3) Fortalecer el polo militar industrial, promover la venta de armas y los intereses del oligopolio militar.
España es el octavo país mayor exportador de armas del mundo.
La acción exterior española privilegia la expansión del negocio de las armas y apoya de forma intensa la internacionalización del mismo y su interlocución y negocios con países de todo signo.
La mayoría de los viajes de las autoridades del más variado signo, desde las mas altas magistraturas del estado hasta el último mono acuden a cumbres, reuniones, encuentros internacionales, ferias comerciales y eventos de todo tipo acompañados de una cohorte de directivos de la industria militar o cuando menos del portafolio de servicios que estos ofrecen.
La apuesta por la venta de armas, y con ello por la exportación de conflictos, es una descarada actividad de nuestras políticas públicas de acción comercial, industrial y exterior.
4) Amplificar el marco de actuación militarista a campos civiles
La expansión del enfoque securitizador y de las metodologías y campos de actuación militares a cada vez mas escenarios tradicionalmente civiles es evidente.
Tenemos una de las ratios de militares por cada mil habitantes más altas de nuestro entorno.
El presupuesto del Ministerio de Defensa (recordemos que no es todo el gasto militar) destina una cantidad exagerada únicamente a pago de sueldos. Es esta la principal actividad, según sus propias cuentas, a la que se dedica el ministerio de defensa y su presupuesto.
Por alguna elección perversa, la sociedad civil carece de múltiples capacidades de respuesta ante circunstancias que hacen relación a la seguridad humana y a los cuidados, pero cada vez que ocurre una crisis resulta que quien sí tiene los medios para actuar son los ejércitos. ¿por qué? ¿por qué ante la crisis sanitaria quien contaba con unidades médicas especializadas, con trajes especiales para no contaminarse, con capacidad para movilizar su cohorte de efectivos era el ejército y no los dispositivos de la sociedad civil, o los cuerpos y equipamientos médico y hospitalarios? ¿por qué ante los incendios o nevadas severos quien cuenta con la capacidad de despliegue y el material más sofisticado es el ejército y no los cuerpos civiles que deberían encargarse de estos aspectos?¿Por qué ante la DANA es el ejército el que tiene la maquinaria y capacidades y no los organismos civiles? ¿por qué cada vez es mayor la confusión de enfoques entre la acción policial y el militarismo y se asume el acelerado proceso de militarización y securitización de la acción pública? ¿por qué no está en la agenda la respuesta a estas preguntas?
No se engañen, decisión política detrás de esta expansión del militarismo. Se prefiere militarismo en detrimento de civilización.
Tenemos pensamiento militarista y militares hasta en la sopa y en parte gracias a las políticas propiciadas por la casta política, perteneciente toda ella, con independencia del partido político de adscripción, al partido militarista.
5) Alinear a España con la estrategia suicida prebélica de la mano de nuestros «aliados» y de sus estructuras militaristas.
En el actual contexto en el que se reabre un escenario prebélico de conflictos por las zonas de influencia mundial y de atizar todos los fuegos, la élite política española ha decidido vincular nuestros destinos a la política militar de la OTAN, de las élites militaristas europeas y de EE.UU; país sobre el que pivota todo este alineamiento.
España prepara la guerra. Una guerra que no es defensiva y que no beneficia a las necesidades de la sociedad ni a las urgencias del planeta y cuyos escenarios se encuentran a miles de kilómetros.
El gasto militar español financia la participación española en conflictos, el entrenamiento del ejército en conflictos reales, la injerencia española en éstos, el uso en ellos de armamento sofisticado de agresión y no defensivo, la propagación de conflictos mediante nuestra venta de armas y potenciación de la actual carrera de armamentos, la agudización de las tensiones prebélicas con nuestra implicación en la OTAN y participación en sus escenarios de conflicto, el carácter agresivo de nuestras políticas militares mediante la cesión del territorio español para las bases de EE.UU en el mediterráneo y atlántico, la financiación de las bases de altas capacidades al servicio de la OTAN y de los cuerpos militares de la UE.
6) Hacer imposible una vuelta atrás mediante el abrasivo endeudamiento y la constante adquisición de compromisos de gasto militar a largo plazo.
¿Cómo afectar a la gente para construir una energía política capaz de obligar a un cambio de rumbo?
Las cifras son abrumadoras y esconden una realidad infumable, pero son números inocuos, porque aislados de cualquier contexto vital no afectan para nada a las preocupaciones y aspiraciones del personal y porque no existe, hasta el momento, una potente oferta (llamémoslo así) de implicación personal y no delegada de acción común y de lucha eficaz para romper estos círculos viciosos del militarismo.
Hasta ahora las vías de acción que habitualmente se desarrollan entre nosotros en la lucha contra el gasto militar, aunque muy simplificadamente, eligen varios caminos:
a) Uno, el de denuncia del mismo, dirigida al público en general, a públicos seleccionados con más o menos capacidad de influencia y actuación, a organizaciones activistas o, en algunos casos, a mover conciencias de los decisores políticos y/o permitir un trabajo de lobby ante estos.
Para ello contamos con diversos informes del gasto militar o de algunos aspecto s concretos de este, elaborados por varios grupos o personas que más o menos son de referencia (SIPRI, Dèlas, Gasteizkoak en Euskadi, Tortuga en el espectro antimilitarista, SETEM, algunos centros de investigación, etc.) desde criterios, análisis y apuestas políticas diferentes.
b) Y otro, de activismo y llamamiento a la implicación personal contra aspectos del gasto militar, como pueden ser las campañas de objeción fiscal, las acciones contra la banca armada o contra las ferias de armas.
Las líneas de actuación van desde las acciones de calle y performances, hasta la denuncia más o menos documentada y pública y la difusión en medios, hasta el trabajo de lobby, con una clara bifurcación de enfoques (no necesariamente incompatibles pero tampoco coincidentes ni complementarios) entre quienes apuestan por el lobby pacifista y el trabajo para presionar/convencer a los decisores políticos desde arriba y quienes proponen el activismo desde abajo y la desconexión en lo posible como medio privilegiado de apropiación del problema y de actuación para conquistar lo que no nos van a dar gratis.
Si algo hemos conseguido, a lo largo de tantos años de pico y pala, es que ya nadie dude de la opacidad, ocultación, transversalidad a gran parte de los ministerios y entidades, enormidad y peso en términos de pérdida de oportunidad y deuda que acarrea el gasto militar español.
Sin embargo el mayor conocimiento no se ha traducido en la energía política suficiente para generar un cambio de rumbo. El conocimiento no necesariamente genera sensibilización y el conocimiento y la sensibilización no necesariamente provocan, por usar términos clásicos aunque un poco de capa caída en estos momentos, ni conciencia ni energía transformadora.
