El pasado viernes 20 de junio, Aldaia vivió un nuevo episodio de violencia contra un colectivo de población muy vulnerable, de personas trabajadoras en precario y/o sin techo. Según informó la prensa, un grupo de “agentes” desalojaron a un colectivo de jóvenes, en su mayoría migrantes sin papeles y vecinos de otros municipios que se habían quedado sin residencia por la riada. Desalojo que se produjo en una fábrica abandonada de uno de los polígonos circundantes del municipio y que incluyó agresiones incluso físicas, empleando bates, pistolas y gas pimienta, que provocaron heridas de consideración a varios de los ocupantes. Unas agresiones que los propios medios de comunicación indican que fueron realizadas por unos “agentes” no pertenecientes a ningún organismo de la administración.
Pero las informaciones difundidas por los medios no acaban de ser coincidentes en otros aspectos de este lamentable incidente. Por ejemplo, el Levante-El mercantil valenciano, destaca en sus titulares la buena disposición del Ayuntamiento de Aldaia (socialista) y de la Conselleria de Servicios Sociales (PP-Vox) para paliar esta situación, provocada, según informa la periodista, por unos simpatizantes de Vox. (Ver “Desalojan a la fuerza a migrantes que malvivían en una fábrica abandonada de Aldaia“).
En cambio, otros medios como el diario decano Las Provincias, sin tampoco criticar a las instituciones públicas, insisten en que fue una pelea en realidad… (“Una reyerta en un desalojo en Aldaia acaba con un detenido por agredir a la policía…“).
Solo los testimonios directos de testigos y de personas agredidas mencionan un aspecto sin duda determinante de los hechos (ver vídeo de YouTube publicado, o las declaraciones de un agredido: “Me apuntaron con una pistola y me dijeron que si no me iba me matarían“).
A saber, que este desalojo, incumpliendo los principios más básicos de humanidad, había sido ordenado por el nuevo propietario (familia) que adquirió en marzo pasado la fábrica abandonada y que procedió a reclutar a una empresa de “desokupación”, amparándose en la legislación española vigente con respecto a la propiedad privada de inmuebles y los derechos propietarios.
En efecto, el marco legal español establece que los propietarios tienen derecho a reclamar la posesión de sus inmuebles cuando estos han sido ocupados ilegalmente (Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sobre actividades de vigilancia y protección de bienes). E igualmente, el Código Penal español sigue tipificando como delito la “usurpación” de inmuebles. Una usurpación que, según el tendencioso juicio de la propia administración, se puede producir por el simple hecho de resguardarse más o menos puntualmente en un edificio abandonado.
A la luz de estas cuestiones podemos situar mejor lo realmente sucedido, así como las responsabilidades correspondientes de los actores que intervinieron, y de quienes no lo hicieron pese a tener responsabilidades ineludibles.
Porque la “pernoctación” en una fábrica abandonada de un polígono de Aldaia, de personas sin medios económicos ni de otro tipo, lo que por cierto resulta muy habitual en muchos municipios con actividad industrial o agraria, ya muestra la carencia básica del Ayuntamiento al amparar, por omisión, la existencia de bolsas de marginación social y económica en su circunscripción, así como la violencia practicada contra estas personas en supuesta defensa de la propiedad privada.
Pues no hay que olvidar que, dentro de un estado social de derecho como el que pregona nuestra Carta Magna, la defensa de la propiedad privada no puede estar por encima de cualquier derecho individual o colectivo básico de la población. Todo lo contrario a lo que sucede cuando, por ley respaldada por las fuerzas de seguridad, se faculta legalmente a los propietarios a defender sus intereses, e incluso a hacerlo mediante sus propios medios, como ha ocurrido en Aldaia con la empresa “desokupa” de simpatizantes de Vox.
Según parece, los responsables municipales y de la Consellería defienden que las administraciones públicas han de jugar un papel en todo caso subsidiario e intermediario a la hora de proteger los derechos fundamentales de las personas, tal como acaba de ocurrir en el incidente descrito. Es decir, que pese a tratarse de progresistas y derechistas, ambos coinciden en asumir y aceptar plenamente que sea el mercado, capitalista, quien ejerza el papel preponderante también en esta esfera esencial de las libertades y derechos sociales.
Ciertamente, habrá que denunciar a los particulares que agredieron manifiestamente a personas indefensas, así como al propietario que contrató a estos agresores. Pero lo que también pone de manifiesto el episodio de Aldaia es la flagrante omisión de las administraciones públicas que deberían velar primeramente por los derechos y atender debidamente las necesidades perentorias de los colectivos vulnerables y precarizados. Estas administraciones, quienes las regenten, sean del PSOE o del PP, también tienen una responsabilidad subsidiaria por no atender debidamente a la población trabajadora más vulnerable.
