Este sábado 19 de octubre se desarrolla en València una manifestación unitaria en defensa del derecho a la vivienda y contra la turistificación urbana. Numerosas organizaciones sociales y políticas participarán, igual que ha ocurrido en otras ciudades del estado, como primera respuesta a una situación cada vez más insostenible para buena parte de la ciudadanía que se ve abocada a la precariedad más absoluta, derivada de la imposibilidad de acceder a una vivienda, especialmente si son jóvenes, migrantes o trabajadores precarizados.
Como señala el articulista Amadeu Mezquida, la subida sostenida de los precios del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, ha llevado a muchas personas a vivir una realidad cada vez más desesperada al no poder pagar unos precios desorbitados en contraste con los salarios o pensiones percibidas. No es una cuestión sólo económica: la vivienda afecta directamente a la calidad de vida y a los derechos sociales, al lugar de residencia o a la salud…
La pregunta clave, después de sucesivos gobiernos “progresistas” en el estado y la Generalitat Valencia, es: ¿por qué se ha permitido este crecimiento exponencial de este tipo de problemas? ¿dónde están los compromisos electorales que se firmaron para “garantizar el derecho a techo“?
Una izquierda sin respuestas firmes
Durante muchos años, la izquierda ha hecho bandera del derecho a la vivienda como parte de su programa político. Se han propuesto medidas como la regulación de los alquileres, la ampliación del parque de vivienda pública o la protección de los inquilinos ante los abusos de los propietarios.
Sin embargo, las medidas iniciadas, cuando se han aplicado, a menudo han sido tímidas, insuficientes o diluidas por las presiones del mercado y los lobbies inmobiliarios o han sido, directamente, anuladas por los Tribunales de Justicia. La sobre-observancia de los gobiernos de los intereses especulativos en detrimento de la justicia y los derechos de la población trabajadora han sido la única regla hasta el presente.
Esto ha provocado una frustración creciente entre aquellos sectores de la población que tradicionalmente confiaban en la izquierda (llámese IU, Podemos e incluso Sumar) para resolver este tipo de problemas estructurales. Asimismo, el posicionamiento del PSOE ha seguido manteniéndose en la ortodoxia neoliberal, llegando a plantear medidas que favorecen directamente a los propietarios, como el bono de 250€ para ayudas al alquiler joven, primero aprobado en consejo de ministros (PSOE-Sumar) y luego re-prometido por el presidente Sánchez ante la prensa, tras la multitudinaria manifestación en Madrid del 13 de octubre.
El discurso neoliberal aprovecha el descontento
Como señala A. Mezquida, a medida que la ciudadanía observa la inacción de los partidos de izquierdas, el discurso neoliberal afianza su terreno. Este discurso, que promueve la liberalización del mercado de la vivienda, la reducción de la intervención pública y la sacralización de la propiedad privada, ha conseguido posicionarse como la alternativa, incluso para sectores que tradicionalmente habrían rechazado estas ideas.
El aumento del coste de la vida, junto con la explosión de los precios del alquiler, ha creado un sentimiento de desesperanza que las derechas han sabido capitalizar. La retórica de la responsabilidad individual, que promueve soluciones como el ahorro personal, la compra de vivienda como inversión y la desregulación del mercado para “facilitar” el acceso a la vivienda, se ha convertido en una narrativa atractiva para muchos ciudadanos que se sienten abandonados por las políticas tradicionales de izquierdas.
Al mismo tiempo, la derecha mediática ha sido capaz de reorientar el foco del problema de la vivienda hacia el fenómeno de la okupación, hasta el punto, de que un grueso de la población tiene más miedo de que le okupen la casa cuando baja a comprar el pan que del hecho, mucho más probable, de que el aumento de precios acabe abocándolo a una situación de pérdida de la propia vivienda por aumento de precios del alquiler o de hipotecas.
Otro de los triunfos del aparato mediático derechista, menos evidente pero mucho más peligroso, es el de haber conseguido que el pequeño propietario – pongamos por caso una familia que tiene primera y segunda residencia y un piso para alquilar – se sienta más identificado con los intereses de los fondos buitre norteamericanos o de los grandes tenedores de vivienda que con los intereses de su propia hija que con dos trabajos no llega para pagar un piso compartido si no es con ayuda de la familia. Normalizándose así la precariedad y el desclasamiento.
El discurso neoliberal se presenta, ya no sólo como una salida pragmática ante la crisis de la vivienda, sino como la única e inevitable. Esto, a su vez, refuerza la idea de que el mercado es la única fuerza capaz de solucionar el problema, relegando al Estado a un papel pasivo y justificando el aumento de los alquileres como una consecuencia inevitable de la “ley de la oferta y la demanda”.
El riesgo de la desafección electoral de izquierdas
La desafección a los partidos de izquierda por su aparente impotencia para resolver la crisis de la vivienda no sólo retro-alimenta el discurso neoliberal, sino que genera una desconexión cada vez mayor entre la ciudadanía y las instituciones políticas. No es solo impotencia y frustración: la falta de soluciones para la izquierda genera la sensación generalizada de que el ideario progresista es, simplemente, irrealizable.
La inacción continuada de los gobiernos progresistas en temas clave como la vivienda (pensiones, servicios públicos, libertades…) provoca que cada vez más sean percibidos como inútiles, sembrando la vía de apoyar a las opciones más derechistas y reaccionarias.
Es urgente, por tanto, replantearse la estrategia y, con el apoyo de la gran mayoría de la población, desarrollar en este ámbito políticas que se enfrenten a los intereses especulativos inmobiliarios, amplíen el parque público de viviendas y regulen el mercado de alquiler buscando primeramente garantizar el derecho fundamental a la vivienda de todos y todas.