Josan Piqueres. Diarilaveu.cat
La plataforma Greuges Pendents impulsa una demanda colectiva que ya cuenta con más de 1.800 adhesiones para reclamar responsabilidades al gobierno de Carlos Mazón y otras instituciones por la gestión de la reciente DANA en el País Valenciano. Es la segunda denuncia por responsabilidad civil y penal interpuesta después de la de CGT.
Según su promotor, Juan Cardona, en declaraciones al programa Vía Libre de RAC1, la plataforma ha conseguido movilizar a un centenar de juristas para abordar tanto la vía administrativa como, si es necesario, la vía penal para pedir cuentas a las instituciones implicadas. Entre ellas, se incluyen la Generalitat, la Confederación Hidrográfica y el Estado español, señalados por una inacción que, según denuncia Greuges Pendientes, dejó a la población desprotegida ante la catástrofe.
Cardona ha destacado que la plataforma no solo se dirige contra el gobierno valenciano, sino también contra la Conselleria de Interior, que, según la denuncia, no gestionó con suficiente eficiencia los recursos para minimizar los efectos de la DANA. Los abogados de la plataforma consideran que hay fundamentos para plantear la responsabilidad penal en los casos donde la inacción gubernamental ha tenido consecuencias graves, como en los casos de homicidio imprudente, en aquellas zonas donde se han producido pérdidas de vidas humanas.
Entre los argumentos legales, Greuges Pendientes se basa en precedentes de demandas colectivas exitosas, como la resolución judicial por inundaciones en el País Vasco, donde se consiguieron indemnizaciones de hasta 138.000 euros para las víctimas. Según Cardona, este tipo de demandas suponen un «precedente significativo» para casos como el de la DANA, en los que las personas afectadas consideran que las autoridades no actuaron con la diligencia necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En un punto especialmente crítico, Cardona ha denunciado la falta de cobertura telefónica en los centros de emergencia durante los momentos más intensos de la tormenta, lo que habría dificultado las tareas de coordinación de los equipos de salvamento. Esta situación, según el impulsor de la plataforma, es una «falta de planificación evidente» y demuestra la desatención en la gestión de las infraestructuras básicas ante emergencias meteorológicas.
Así, Greuges Pendientes ha reclamado que se actúe para asegurar una mejor protección y ha puesto en marcha un proceso de denuncia que quiere ser una advertencia para las instituciones. “No podemos permitir que la ciudadanía quede expuesta a estas catástrofes sin una respuesta contundente y planificada por parte de la administración”, ha afirmado Cardona. Esta acción legal se perfila como una de las más importantes de los últimos años en defensa de los derechos de las personas afectadas por el cambio climático y la gestión de catástrofes naturales en el País Valenciano.
El antecedente de Finestrat
Dos exalcaldes de Finestrat y un exregidor de Seguridad fueron condenados a multas de 5.400 euros cada uno por el homicidio imprudente de un matrimonio británico durante la riada de 2011. La pareja murió en la cala de Finestrat mientras visitaba un mercadillo que el Ayuntamiento había colocado en una zona inundable. Tras un acuerdo previo al juicio, se rebajó el delito de homicidio por imprudencia grave a menos grave, eliminando también los delitos de lesiones y daños. La acusación particular se retiró tras recibir casi toda la indemnización. Además, se condenó al Ayuntamiento de Finestrat y a su aseguradora a pagar la deuda pendiente por responsabilidad civil.
