Juanjo Llorente. Exconcejal del Ayuntamiento de Aldaia
Continúan las manifestaciones masivas pidiendo la dimisión del President Mazón por no avisar a tiempo de la riada pero, cuatro meses largos después del 29 de octubre, aun sigue siendo patente la falta de respuesta de las administraciones públicas a muchos de los problemas cotidianos que sufre la población trabajadora de los municipios afectados. A ello hay que sumar también las escasas iniciativas ciudadanas, con la digna excepción de los Comités locales de emergencia y reconstrucción organizados en algunos municipios, que con diversa fortuna y resultados vienen solicitando luz y taquígrafos a los mismos Ayuntamientos que ya fallaron en la alerta y, sobre todo, en responder debidamente a las emergencias de la DANA, durante y días y meses después. Casi parecería que, escudándose en la justa exigencia de cuentas al máximo responsable político de la Generalitat, hay quienes tratan de esconder todo lo otro, pese a su indudable importancia y efectos para atender las necesidades más básicas de restablecimiento de las condiciones de vida anteriores a la riada.
Más allá de lo que sucede en los plenos municipales y en el funcionamiento ordinario de estas entidades, la ciudadanía tiene derecho a saber qué medidas concretas están tomando sus representantes locales y los motivos por los han decidido tomar esas y no otras. Del mismo modo que también sería de rigor demandar a los Ayuntamientos que contaran directamente con esta misma ciudadanía a la hora de solicitar las ayudas y de planificar las actuaciones. Porque tanto el estado como la comunidad autónoma valenciana, la Diputación y la Federación de Municipios han reservado financiación e instrumentado plazos y condiciones para que los ayuntamientos demandaran las obras y recursos que consideren (?¿) más necesarios.
Por ejemplo, como puede verse en la web del Ministerio de interior, el estado proporciona (siempre que lo pida el ayuntamiento, claro) una subvención del 100% para suministro de agua potable, evacuación, retirada de lodos, alojamiento y alimentación de afectados, limpieza de vías, o la retirada de enseres inservibles, así como para subsanar infraestructuras básicas dañadas (TRAGSA). Sin olvidarnos tampoco de las ayudas destinadas por esta y por otras administraciones como la Generalitat para luchar contra la violencia de género, protección básica de la infancia, adolescencia y juventud, así como para reforzar los servicios sociales y la atención a la precariedad residencial y económica. Considerando la lluvia de millones dispuestos por medio de un sin fin de decretos, órdenes y regulaciones administrativas, corresponde ya preguntar (mejor hacerlo por registro de entrada) a los Ayuntamientos las gestiones realizadas en este sentido. Y conocer de primera mano, valorar a la luz de los problemas concretos existentes y PARTICIPAR en las respuestas locales a los mismos en calidad de ciudadanos de pleno derecho.
