Significativo episodio sucedido hace 7 años, cuando los municipios “progresistas” de l’Horta Sud (y la Generalitat Valenciana, botánica) exigieron al ministerio de Medio Ambiente la retirada del reglamento sobre zonas inundables que se acaba de publicar. La razón esgrimida fue que podría tener consecuencias muy graves para el desarrollo urbano y económico de estas poblaciones. Escenario que viví en primera persona y puedo acreditar en calidad de ex concejal en la oposición de uno de los municipios afectados.
Joan Canela. Diarilaveu.cat
Alcaldes de l’Horta Sud en 2017: “No somos zona inundable”
La aprobación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en diciembre de 2016 por parte del Ministerio de Medio Ambiente generó mucha oposición en l’Horta Sud. El problema no es que negara a la comarca defensas ante posibles inundaciones sino, precisamente, todo lo contrario. Una noticia publicada por Horta Noticias el 9 de marzo del 2017 resulta, leída con fechas de ahora, entre indignante y torbadora.
Entonces, y según informaba el diario, alcaldes de l’Horta Sud, incluidos los de Picassent, Xirivella, Sedaví, Quart de Poblet, Silla, Aldaia y Alcàsser, además de otros representantes de los ayuntamientos de Alfafar, Massanassa, Beniparrell y Picanya, se reunieron con el apoyo de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, entonces dirigida por la socialista María José Salvador, con el fin de mostrar su oposición a la aprobación del citado reglamento.
El problema es que declaraba como inundable la mayor parte de los términos municipales de la comarca, lo que implicaba la paralización de la concesión de licencias de obra y de actividad, ya que la nueva normativa contemplaba unas exigencias mucho más duras a las establecidas hasta el momento.
Según se lee en la noticia, el entonces alcalde de Albal, Ramón Marí (PSOE) se quejaba de que el reglamento tendría «consecuencias muy graves» para el desarrollo urbano y económico del municipio. Precisamente Marí había sido el «descubridor» del nuevo reglamento, cuando tramitaba los permisos para instalar una chatarrería y se encontró que no podía conceder la licencia correspondiente.
También intervino el alcalde de Silla, Vicent Zaragozá, aún en el cargo, para denunciar que la nueva normativa no solo impedía otorgar nuevas licencias, sino también «cambiar la licencia de actividad para un inmueble ya existente». Y el de Alfafar, el popular Juan Ramón Adsuar, también en el cargo actualmente, criticó que se declarara «el 94%» de su término municipal como inundable.
Entre los alcaldes presentes en el encuentro estaban, además de los ya citados, Guillermo Luján de Aldaia, Conxa García de Picassent y Francisco Cabanes de Sedaví, todos ellos socialistas y aún en el cargo.
PATRICOVA
En aquella reunión, la entonces consejera de Vivienda María José Salvador denunció que el reglamento se había aprobado «con nocturnidad», sin consultar al resto de administraciones y que «usurpaba» competencias autonómicas. Además, explicó que la normativa estatal unificaba los diferentes niveles de inundabilidad aplicando un criterio «matemático», contraponiéndose al plan autonómico de riesgo de inundaciones –el PATRICOVA-, actualizado hacía escasos meses y que aseguraba que era «mucho más minucioso». «Es un referente europeo» y «muy preciso y adecuado» que el reglamento estatal.
No hace falta decir que las zonas declaradas inundables por el reglamento eran mucho más extensas que las del PATRICOVA. Sólo hay que contraponer las áreas consideradas como inundables por el PATRICOVA y la zona afectada por la última DANA para darse cuenta de la minuciosidad del plano y su precisión. En el dibujo se muestra el área declarada «inundable» por el PATRICOVA en azul cielo y el área afectada por la DANA de 2024 delimitada por la línea azul oscuro, según el visor cartográfica de la Generalitat
Por todo ello, Salvador añadía que presentaría un requerimiento por «invasión de competencias» y solicitaría la suspensión de la aplicación. Y esperaba «no tener que llegar a la vía judicial».
Ramón Marí, en nombre del resto de alcaldes asistentes a la reunión, mostraba su satisfacción por «haber puesto en marcha los instrumentos que pueden solucionar la problemática que se ha creado con este reglamento estatal y que limita la concesión de licencias».
No hay constancia en las hemerotecas de que la consejería de Vivienda demandara el reglamento ni tampoco el BOE registra modificaciones posteriores del mismo. En la reunión, sin embargo, también se acordó la creación de una comisión técnica con trabajadores municipales y de la Consejería para elaborar una guía sobre «las normas constructivas y de adaptación al riesgo de que sirva a los técnicos de los municipios a la hora de otorgar licencias».
De hecho, el reglamento en cuestión, en ningún caso prohíbe construir en zonas inundables, sino que tan solo establece algunos «requerimientos adicionales» para la concesión de licencias. Entre los mismos está la obligación de que el promotor firme una «declaración responsable por actuaciones en zonas con riesgo de inundación», que debe presentar a la administración hidráulica, y en la que debe «expresar claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esta información a los posibles afectados».
Un sistema de prevención que ha fallado estrepitosamente durante la actual barrancada.
