Manuel Pérez-Rocha, Inequality.org.
El borrador de plan de acción perpetúa un régimen internacional de inversión que otorga a las empresas un poder excesivo para socavar las regulaciones de interés público.
Las Naciones Unidas recibirán a los líderes mundiales el 22 y 23 de septiembre para una “Cumbre del Futuro”. Desafortunadamente, el borrador del plan de acción para la cumbre, aunque está lleno de lenguaje altisonante y algunas buenas intenciones, pero no desafía el modelo neoliberal ni el control corporativo de la economía global.
Por el contrario, propone, por ejemplo, “facilitar el acceso de los países en desarrollo a la OMC y promover la liberalización del comercio y las inversiones”.
Es asombroso que este plan, que se supone que sirve de base para un acuerdo intergubernamental, esté tan atascado en el pasado. Desde hace décadas, los movimientos sociales y los funcionarios electos de muchos países se han opuesto cada vez más a las normas comerciales y de inversión que otorgan enormes privilegios y poder a las empresas transnacionales.
En muchos sentidos, estas viejas reglas contradicen directamente el objetivo general de la cumbre de la ONU de crear “un mundo que sea seguro, sostenible, pacífico, inclusivo, equitativo, ordenado y resiliente”.
También se burlan del compromiso declarado de la cumbre con el principio de la Carta de las Naciones Unidas de “pleno respeto a la igualdad soberana de todos los Estados Miembros” y el principio de “igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos”.
Basta con echar un vistazo a cómo las industrias extractivas de recursos naturales han utilizado el actual sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) para socavar la soberanía nacional y la sostenibilidad y fomentar el conflicto. El sector minero, en particular, ha utilizado este sistema, aplicado a través de casi 3.000 tratados, para demandar a los gobiernos en tribunales supranacionales, sin pasar por los sistemas legales nacionales.
La gran mayoría de las demandas de ISDS están dirigidas contra países del llamado “sur global”, y la mayoría de las demandas están dirigidas a países latinoamericanos. El ISDS permite a las empresas suprimir la oposición de las comunidades locales e indígenas que luchan por sus derechos territoriales y ambientales. Cuando los gobiernos responden a favor de las comunidades que se resisten a los proyectos mineros, las empresas a menudo utilizan estas demandas para chantajear a los gobiernos para que den marcha atrás y otorguen permisos para proyectos destructivos para el medio ambiente o paguen “compensaciones” por la pérdida de las ganancias corporativas esperadas.
Los tratados de inversión incluso incluyen cláusulas de “protección y seguridad totales” que otorgan a las empresas el derecho de exigir que los gobiernos repriman a las comunidades que se oponen a sus proyectos mineros. En Guatemala, por ejemplo, la empresa minera con sede en Nevada afirma que el gobierno no proporcionó acceso a un sitio minero bloqueado por manifestantes indígenas, y está demandando al país por más de $400 millones.
El aumento de la demanda de minerales para las eufemísticamente llamadas transiciones energéticas “verdes” significa que los gobiernos correrán un mayor riesgo de enfrentarse a demandas multimillonarias, ya que estos procesos están generando reacciones sociales en todo el mundo. El Transnational Institute, el Institute for Policy Studies y otras organizaciones publicaron recientemente amplia información sobre demandas de empresas mineras (y de otro tipo) contra gobiernos en un sitio “ISDS-Tracker“.
Panamá se enfrenta a un ejemplo particularmente escandaloso de estas demandas de ISDS. El pueblo de este país se ha levantado contra la minera canadiense First Quantum y en noviembre de 2023 logró que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la renovación de la licencia minera de cobre de la empresa. Esto llevó a la Asamblea Nacional panameña a aprobar una ley de moratoria minera.
Según los informes, First Quantum ha demandado a Panamá por la suma impagable de 30.000 millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional en París, y ha amenazado con otro arbitraje de 20.000 millones de dólares en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.
Otras empresas mineras transnacionales afectadas por la cancelación de licencias han seguido el ejemplo de First Quantum y, en total, Panamá enfrenta demandas de ISDS por al menos 57.000 millones de dólares, equivalentes a más de la mitad de su PIB.
Como demostramos en nuestro reciente informe “ISDS: Un retrato del poder transnacional en México, el régimen de protección de la inversión y sus consecuencias”, México enfrenta demandas por un total de al menos $13 mil millones, con más de la mitad de ellas relacionadas con la minería. Esta cifra es parcial, ya que corresponde únicamente a las reclamaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que publica información sobre las mismas. Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional, donde Panamá ha sido demandado, y otros tribunales supranacionales no publican información sobre los casos.
El sistema ISDS ha sido desmantelado en algunos países ricos. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá lo eliminaron entre ellos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Unión Europea lo eliminó entre sus estados miembros y se retira del Tratado de la Carta de la Energía, que también permitía estas demandas entre inversores y Estados.
Si los líderes mundiales que asistirán a la Cumbre de la ONU el 22 y 23 de septiembre se toman en serio la protección del futuro de la humanidad y del planeta, deberían desmantelar este sistema de inversión antidemocrático (ISDS) para todos los países.
