Ocho entidades del movimiento “Regularización Ya” han presentado un recurso contra el reglamento de extranjería del gobierno PSOE-Sumar por considerar que infringe derechos básicos de ciudadanía. Comenzando por el no cómputo de los plazos para el caso de los solicitantes de asilo, y siguiendo por las condiciones desventajosas para ciudadanos españoles que quieran reunirse con sus familias. Aunque, por otra parte, también hay que decir que el nuevo reglamento del Gobierno recibe una valoración muy distinta por parte de los sindicatos mayoritarios…
Ximena Borrazas. Diario.red
Antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, este ya está enfrentando sus primeros problemas legales, en concreto, Red Acoge, CEAR, Andalucía Acoge, Cáritas, el Servicio Jesuita de Migrantes, por un lado, y la Coordinadora de Barrios, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y Extranjeristas en Red por otro, han interpuesto recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo, siendo este el primer paso del posterior procedimiento judicial.
En un comunicado conjunto por parte del primer grupo, este asegura que: “tras un primer análisis del documento, valora que la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales. Sin embargo, hay aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás”.
Continúan en el comunicado poniendo en relieve “la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos”, haciendo referencia a que en la nueva normativa el tiempo que una persona esté en situación de solicitante de protección internacional no va a computar de cara al tiempo de permanencia exigido para solicitar una residencia por arraigo, implicando que el cómputo de este plazo se reiniciará una vez la persona migrante reciba una denegación de su solicitud de asilo, manteniéndose más tiempo en situación irregular, terminan este punto declarando “El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo”.
Finalizan su comunicado: “(Las cinco entidades) han decidido dar un paso adelante con este recurso ante el Tribunal Supremo, poniendo en primera línea la importancia de que la legislación española avance de forma definitiva en garantizar los derechos de las personas en el camino hacia su inclusión como ciudadanía participante”.
El recurso vinculado a APDHE, Extranjeristas en Red y Coordinadora de Barrios, también ha contado con comunicado propio haciendo referencia a la regularización extraordinaria que no se llevó a cabo: “Extranjeristas en Red, APDHE y Coordinadora de Barrios han interpuesto un recurso que revisará la legalidad del Reglamento de Extranjería que con gran bombo y platillo se publicó hace casi dos meses y que, no aprobándose por falta de voluntad política una regularización extraordinaria, se calcula dejará en la ilegalidad a más de 200.000 personas”.
Después de esta declaración, las tres asociaciones señalan el punto ya comentado sobre el cómputo de los tiempos para la solicitud de arraigo y regularización por parte de solicitantes de asilo que vean rechazada su solicitud, pero también el cambio en el silencio administrativo en el caso de la regularización de menores en determinadas circunstancias, que en el nuevo reglamento pasa a ser negativo. De igual manera, señalan como el nuevo Reglamento somete a familiares de españoles a condiciones y derechos peores que los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, hecho que contradeciría el principio de igualdad, principio de carácter constitucional.
