A pesar de las promesas de la Ley de Vivienda de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han fracasado en solucionar el acceso a la vivienda. Con precios disparados tanto en alquiler como en compra, y grandes tenedores dominando el mercado, las medidas han demostrado ser un engaño político. Las tensiones internas en la coalición solo agravan un problema que afecta a millones de familias.
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Especulación y fraude político: la Ley de Vivienda del gobierno PSOE-Sumar al descubierto
El 27 de abril de 2023 era aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda de 2023, promocionada por el Gobierno central como “una medida histórica para regular los precios del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda”.
Según el Ejecutivo y sus medios de comunicación afines, dicha ley supondría un antes y un después, al permitir y favorecer:
– Controlar los precios de los alquileres: Se anunció la creación de zonas de mercado tensionado, donde los alquileres estarían regulados para evitar aumentos excesivos. La ley establecía un límite en la subida de alquileres al 2% para 2023, con la posibilidad de ampliarlo al 3% en 2024.
– Fomentar la vivienda pública: El Gobierno prometió aumentar significativamente la oferta de viviendas públicas, con el objetivo de movilizar unas 183.000 viviendas públicas y protegidas durante la legislatura, lo que incluiría viviendas de protección social y programas de alquiler asequible.
– Proteger a los inquilinos:Se contemplaban medidas para proteger a los arrendatarios, limitando los desalojos y reforzando las garantías para los inquilinos más vulnerables, así como programas específicos para los jóvenes y colectivos con dificultades para acceder a una vivienda.
– Penalizar la especulación: La ley también prometía desincentivar la acumulación de propiedades por parte de grandes tenedores, imponiendo gravámenes a las viviendas vacías con el fin de que más propiedades estuvieran disponibles en el mercado.
Algo más de un año después, el abismo entre las promesas y la realidad no deja de ensancharse, revelando la total incapacidad del Ejecutivo para enfrentar uno de los problemas más acuciantes del país. Las palabras grandilocuentes de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno, quienes vendieron esta ley como “un cambio de paradigma”, han quedado en evidencia como un auténtico fraude político.
El mercado de la vivienda: un negocio para unos pocos
A pesar de las declaraciones triunfales, la ley de vivienda no ha tenido ningún impacto real en la situación que enfrentan millones de españoles. En las principales ciudades, los precios de los alquileres y las viviendas siguen subiendo hasta niveles a menudo inalcanzables. Madrid y Barcelona, por ejemplo, han visto cómo el precio del metro cuadrado de alquiler se sitúa entre los 15 y 19 euros. Muy por encima de las posibilidades de la mayoría de la población, especialmente en un contexto de salarios estancados. En estas ciudades, el alquiler representa más del 40% de los ingresos de las familias, situando a España como uno de los países de Europa donde el alquiler es más caro en relación con los ingresos.
Pero esta situación no se produce solamente en las principales ciuedades del Estado. En las islas Canarias, como en otras muchas regione, la situación es igualmente dramática. Los precios en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han registrado subidas del 15% solamente en el último año.
Estas subidas están impulsadas por la especulación y la conversión de viviendas al régimen alquiler turístico, lo que reduce la oferta de viviendas accesibles para los residentes. El gobierno, lejos de tomar medidas efectivas, ha sido un espectador pasivo, incapaz de frenar a los grandes intereses económicos que han convertido el mercado de la vivienda en un auténtico negocio.
Este contexto solo beneficia a unos pocos: fondos de inversión, grandes tenedores y especuladores que han aprovechado la pasividad del gobierno para hacer de la vivienda un bien de lujo. Las medidas superficiales, como la limitación del incremento de los alquileres al 2%, han resultado ser completamente ineficaces en las grandes ciudades.
La ley de vivienda: una promesa vacía
La Ley de Vivienda de 2023, que en su momento fue presentada como la solución definitiva a los problemas habitacionales del país, ha resultado ser un auténtico fiasco. Desde su aprobación, los precios de la vivienda han continuado su escalada, y las medidas contempladas en la ley, como la regulación de los alquileres, han tenido un impacto insignificante. A día de hoy, Canarias y Baleares se encuentran entre las comunidades con los mayores incrementos en los precios de las viviendas.
El escaso parque público de vivienda, que apenas representa el 1.6% del total, resulta absolutamente insuficiente para contrarrestar la demanda creciente.
Mientras en países como Holanda o Austria el porcentaje de vivienda pública supera el 20%, España se encuentra rezagada, a la cola de Europa. Esta falta de inversión en vivienda social no es nueva, pero el Gobierno ha sido incapaz de revertir décadas de desinversión y privatización del parque inmobiliario.
Los grandes beneficiarios de esta “ley de la selva” que caracteriza al mercado inmobiliario son, entre otros actores económicos, los fondos de inversión internacionales como como Blackstone, Cerberus, o Lone Star, que han adquirido miles de viviendas en España, especialmente tras la crisis de 2008, convirtiendo el alquiler en un negocio propio de usureros al aumentar los precios desproporcionadamente, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas. Blackstone, en particular, es uno de los mayores propietarios de viviendas en alquiler en España.
Las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) gozan también de ventajas fiscales que les permiten invertir en activos inmobiliarios y rentabilizarnos con alquileres absolutamente desorbitados.
Las empresas constructoras y promotoras han aprovechado también alta demanda de viviendas y la escasa oferta para mantener los precios elevados.
Por su parte, los bancos han jugado un papel clave en la expansión de la burbuja inmobiliaria, y continúan beneficiándose mediante la concesión de hipotecas a tipos de interés elevados y también como grandes tenedores de viviendas.
El Gobierno del PSOE y Sumar, lejos de avanzar hacia un modelo que garantice el derecho a la vivienda para todos, ha puesto en evidencia su sumisión a los intereses de estos actores económicos que operan en sectores clave como el financiero, el inmobiliario y el turístico y multiplican sus beneficios gracias a la falta de regulación efectiva y la escasez de vivienda.
