Según la estimación avance de la Contabilidad Nacional Anual de España, el Producto Interior Bruto (PIB) registró en 2023 un crecimiento en volumen del 2,7% respecto a 2022. Durante el pasado 2024, la economía española mantuvo una tendencia positiva, con un crecimiento interanual del PIB del 3,3%. Pero, ¿está funcionando la Economía española tan bien como reflejan estos indicadores macroeconómicos? La respuesta más acertada a este interrogante exigiría puntualizar que, en realidad, se trata de una economía que crece, pero no redistribuye …
Eugenio Fernández. Canarias-semanal.org
Según la estimación avance de la Contabilidad Nacional Anual de España, el Producto Interior Bruto (PIB) registró en 2023 un crecimiento en volumen del 2,7% respecto a 2022. Durante el pasado 2024, la economía española mantuvo una tendencia positiva, con un crecimiento interanual del PIB del 3,3%.
Con vistas al recién estrenado 2025, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que la economía crecerá por encima del 2,4%, con una actualización de las previsiones a finales de enero.
Al mismo tiempo, en 2024 España logró sumar 501.952 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 21.337.962 afiliados a la Seguridad Social. El número de desempleados bajó a 2.560.718, el nivel más bajo desde la crisis inmobiliaria de 2007, con una reducción de 146.738 desempleados en los últimos doce meses.
Pero, ¿está funcionando la economía española tan bien como reflejan estos indicadores macroeconómicos? La respuesta más acertada a este interrogante exigiría puntualizar que, en realidad, las “alegrías” económicas van “por barrios” y que, cuando estos números se bajan al terreno de la calle, de las condiciones de vida de los trabajadores, no es oro todo lo que reluce.
En España, mientras las grandes corporaciones, bancos y capital extranjero están logrando beneficios sin precedentes, la mayoría social enfrenta un creciente empobrecimiento. Aunque desde el Gobierno se celebra el crecimiento económico, la realidad cotidiana para una gran parte de la población es mucho más sombría y está marcada por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y unas condiciones laborales precarias.
El espejismo del crecimiento económico
El crecimiento económico español es elogiado en los mercados internacionales, con el Ibex 35, el principal índice bursátil del país, cerrando 2024 con una revalorización del 13,6%. Las grandes empresas celebran incrementos récord en sus dividendos: durante los primeros 11 meses de 2024, los bancos y oligopolios repartieron 48.000 millones de euros entre sus accionistas, una cifra un 25% superior a la del año anterior.
Estas cifras, no obstante, esconden una realidad paralela. Aunque existe crecimiento económico, este beneficia principalmente a los grandes capitales y a una élite empresarial, dejando de lado a la mayoría social. Un fenómeno que, lejos de ser una mera casualidad, es reflejo de las dinámicas inherentes al capitalismo monopolista, donde las riquezas generadas por los trabajadores son canalizadas hacia las cuentas de unos pocos.
Una economía que crece, pero no redistribuye.
Así, mientras las corporaciones celebran su prosperidad, el bolsillo de los ciudadanos se ve cada vez más castigado.
El año 2023 dejó claro cómo la inflación devora los ingresos familiares: la cesta básica subió un 16,6% en febrero, haciendo que necesidades tan esenciales como el aceite de oliva se conviertan en artículos de lujo. Además, el IVA sobre estos productos sigue al 4%, un impuesto que grava a los más vulnerables y refuerza un sistema fiscal profundamente regresivo.
Según datos de la OCDE, España sigue siendo uno de los países europeos donde más se ha recortado el salario real.
Aunque hay más empleo, los trabajadores ganan menos en términos reales, con un poder adquisitivo un 4% inferior al de 2019. Entre 2019 y 2024, los alimentos subieron 14 puntos más que los salarios, y el costo del alquiler y las hipotecas ahogan a miles de familias. A esto se suma el encarecimiento de los servicios básicos y las materias primas, que afecta tanto a los hogares como a las pequeñas y medianas empresas.
La contradicción de un modelo desigual
En este escenario, no es sorprendente que, pese a las declaraciones optimistas del presidente Pedro Sánchez, el clima social sea de malestar y desencanto. Mientras se proclama que “los hogares españoles están recuperando el poder adquisitivo”, la realidad evidencia que, en los últimos cinco años, las desigualdades se han acentuado.
Los monopolios no solo se benefician de la producción nacional, sino que también imponen condiciones draconianas sobre los consumidores y pequeños empresarios, configurando una dinámica de expolio que perpetúa y acrecienta las desigualdades.
Testimonios desde el otro lado de la balanza
“Trabajo en el sector servicios, y aunque tengo dos empleos, no llego a final de mes”, cuenta María López, una trabajadora de 37 años de Las Palmas de G.C.. “Hace cinco años podía ahorrar algo, pero ahora, entre el alquiler y la compra, no queda nada”. Su testimonio refleja una realidad común para muchos españoles, especialmente jóvenes, quienes enfrentan un mercado laboral precarizado y un costo de vida cada vez mayor.
Por otro lado, Luis Martínez, un pequeño autónomo del sector agroalimentario, señala: “Los bancos y las eléctricas nos están asfixiando. Pago el doble en intereses y un 62% más en electricidad que hace cinco años. Y mientras tanto, ellos anuncian beneficios récord”.
Mientras la mayoría paga, una minoría acumula ganancias
En España, la carga fiscal varía significativamente entre grandes corporaciones, como bancos y oligopolios, y los trabajadores asalariados y autónomos.
Aunque el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades en España es del 25%, las grandes empresas suelen beneficiarse de deducciones y exenciones que reducen su carga fiscal efectiva. Según datos de la propia Agencia Tributaria, las grandes empresas pagaron un tipo efectivo de tanto solo el 7,88% sobre su resultado contable en 2016, mientras que las pequeñas empresas tributaron al 18,78%.
Por su parte, los asalariados, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), deben pagar entre el 19% y el 45%, dependiendo del nivel de ingresos.
Además del IRPF, los asalariados contribuyen a la Seguridad Social con un porcentaje de su salario bruto, que suele oscilar entre el 6% y el 7%, dependiendo de factores como el tipo de contrato y la base de cotización.
Por su parte, los autónomos, al igual que los asalariados, están sujetos al IRPF con tipos progresivos que van del 19% al 45%, según sus ingresos netos. Además, deben realizar pagos fraccionados trimestrales a cuenta de este impuesto y abonar una cuota mensual a la Seguridad Social.
Si a los bancos, los oligopolios y el capital extranjero se les aplicara un impuesto del 50% sobre sus beneficios, se recaudarían 60.000 millones de euros adicionales.
Además, obligar a los bancos a devolver el rescate bancario –que aún deben a los ciudadanos– supondría otros 75.000 millones.
Los datos, los testimonios y las cifras no dejan lugar a dudas: el modelo actual beneficia a la minoría que sí está acumulando capital con el crecimiento económico a costa del empobrecimiento general de la población.
Fuentes:
- OCDE sobre salarios y desigualdad en España
- Informe de bancos españoles y sus beneficios
- Datos de inflación y costos de vida en España
- Testimonios recopilados en medios sociales y sindicales como CCOO
