Comité por la alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP). Informacionobrera.org
NOTA
El día 17 de junio, un grupo de firmantes de la carta colectiva a la ministra de Sanidad, nos hemos reunido por segunda vez; la primera tuvo lugar el 9 de mayo.
En la primera ocasión tomamos la decisión de registrar la carta en la que le solicitamos una reunión a la señora ministra de Sanidad, para poder trasladarle nuestros argumentos sobre la necesidad de derogar las leyes que facilitan en nuestro país la privatización de la sanidad pública, concretamente: los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad y la Ley 15/97 en su integridad. También para pedir que el Gobierno derogue las leyes que permiten que las empresas, a través de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, se entrometan en el curso de la recuperación de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, es decir en las bajas médicas. Y para sugerir la aprobación de un presupuesto con carácter de urgencia y finalista que permita superar el déficit que los recortes de los últimos lustros han generado en la sanidad pública, tanto en personal sanitario como en medios.
El mandato de los firmantes se ejecutó el día 20 de mayo. Por tanto, hace más de un mes que la carta fue registrada en el Ministerio de Sanidad, y hasta hoy no hemos tenido respuesta.
La carta colectiva fue registrada con 1.025 firmantes y a fecha 17 de junio estábamos en 1.146, pertenecientes a 13 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid y País Valenciano.
Uno de los acuerdos adoptados en la segunda reunión ha sido dar continuidad a la campaña de debate, difusión y recogida de adhesiones a esta carta colectiva. Pues son decenas de miles las personas que en todas partes salen a las calles a defender la sanidad pública. La última gran manifestación tuvo lugar en Madrid el 19 de mayo, convocada por el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid. Además, de cara a los cuatro procesos electorales que hemos tenido en lo que va de año, autonómicos y europeo, los sondeos han coincidido en situar la sanidad pública como una de las principales preocupaciones de la población.
Es un ejercicio de coherencia que, si salimos a las calles a defender la sanidad pública y decimos que la privatización es un mal endémico que la está destruyendo, junto a los recortes económicos, planteemos la necesaria derogación de las leyes que hacen posible esa privatización; es como si un médico diagnosticase un tumor y no valorase su extirpación.
En base a esta lógica, en la reunión del 17 de junio, se decidió poner en marcha una ronda de reuniones con los grupos políticos a todos los niveles: municipales (Ayunta-mientos), autonómicos (Asambleas y Parlamentos regionales) y estatales (Congreso de los Diputados). Y el compromiso de mantener la tercera reunión a mediados de julio.
La salud no es negociable.
