Un nuevo informe saca a la luz un vasto sistema, hasta ahora poco analizado, a través del cual la Unión Europea desembolsa anualmente 80 millones de euros al año a proyectos de medios de comunicación en toda Europa y más allá…
Thomas Fazi. Defenddemocracy.press
En un nuevo informe exclusivo para MCC Bruselas —La maquinaria mediática de Bruselas: la financiación de los medios de comunicación de la UE y la conformación del discurso público— revelo un vasto sistema, hasta ahora poco examinado, a través del cual la Unión Europea desembolsa anualmente casi 80 millones de euros a proyectos de medios de comunicación en toda Europa y más allá.
En él, sostengo que esta amplia financiación, a menudo presentada como apoyo a la libertad de los medios de comunicación, de hecho, sirve con frecuencia para promover narrativas explícitamente pro-UE y marginar las voces críticas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la independencia editorial y la integridad democrática.
El informe sostiene que la influencia financiera de la UE crea una “relación semiestructural” con los principales medios de comunicación, en particular las emisoras públicas y las agencias de noticias, difuminando las líneas entre el periodismo independiente y la comunicación institucional, y comprometiendo seriamente la capacidad de los medios para hacer que el poder rinda cuentas.
Principales conclusiones y ejemplos del informe:
Financiación masiva y poco controlada: la Comisión Europea y el Parlamento Europeo desembolsan colectivamente cerca de 80 millones de euros anuales en proyectos de medios de comunicación. Se considera una estimación conservadora, ya que es probable que el total de la última década supere los 1.000 millones de euros. Esta cifra no incluye los flujos de financiación indirectos, por ejemplo, los contratos de publicidad o comunicación adjudicados a empresas de marketing que luego redistribuyen los fondos a los principales medios de comunicación.
Promoción de narrativas favorables a la UE: los programas de financiación a menudo se enmarcan utilizando palabras de moda como “lucha contra la desinformación” o “apoyo a la programación fáctica”, pero el informe presenta pruebas de que tienen objetivos estratégicos claros para dar forma al debate público y promover la agenda de la UE. Muchos proyectos, por ejemplo, promueven explícitamente narrativas pro-UE, como la “promoción de la integración europea”, la “desmitificación de la UE” y la “lucha contra los movimientos nacionales extremistas y euroescépticos”. En temas geopolíticamente sensibles, sobre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, estos proyectos fomentan un entorno en el que los medios de comunicación tienen incentivos financieros para hacerse eco de las posiciones oficiales de la UE y la OTAN, lo que reduce aún más el espacio para el periodismo independiente.
Campañas de propaganda encubiertas: el programa de Medidas de Información para la Política de Cohesión de la UE (IMREG) ha canalizado alrededor de 40 millones de euros desde 2017 a medios de comunicación y agencias de noticias para producir contenidos que destaquen los “beneficios” de la política de la UE. El informe destaca ejemplos en los que esta financiación no se revela claramente, lo que en la práctica equivale a “marketing encubierto” o “propaganda encubierta”. Otros proyectos apuntan explícitamente a “aumentar la conciencia de los beneficios” o “contribuir a una mejor comprensión” y fortalecer el “sentido de pertenencia a la UE” de los ciudadanos. Estos eufemismos enmascaran lo que es, en efecto, un intento de arriba hacia abajo de fabricar un demos europeo, una conciencia política unificada que, en las condiciones políticas y culturales actuales, sigue siendo más una aspiración ideológica que una realidad democrática.
Las agencias de noticias como guardianes de la narrativa: la UE se asocia estratégicamente con las principales agencias de noticias como ANSA (Italia), EFE (España) y Lusa (Portugal) a través de programas como IMREG, lo que garantiza que los mensajes a favor de la UE se transmitan en cascada a través de cientos de medios que dependen del contenido de las agencias. Por ejemplo, el proyecto European Newsroom, financiado por la UE, que reúne a 24 agencias de noticias en Bruselas, por un importe de 1,7 millones de euros, equivale en realidad a un esfuerzo por normalizar y alinear los mensajes sobre asuntos de la UE.
“Fact-checking” y control del discurso: iniciativas como el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), financiado con al menos 27 millones de euros, involucran a agencias de noticias y medios de comunicación en redes para “luchar contra la desinformación”. El informe advierte que cuando las entidades involucradas en el financiamiento promocional también participan en la definición de desinformación, se corre el riesgo de convertirse en una herramienta para vigilar los límites del discurso aceptable y etiquetar la disidencia como desinformación.
Periodismo de investigación centrado hacia fuera, nunca hacia adentro: el informe examina los proyectos de periodismo de investigación financiados por la UE, señalando un patrón en el que gran parte de la atención se dirige hacia países no pertenecientes a la UE como Rusia o Kazajistán, con escaso escrutinio de la propia UE a pesar de los numerosos escándalos documentados dentro de la Unión.
La propia propaganda del Parlamento Europeo: el Parlamento Europeo, a través de su Dirección General de Comunicación, ha destinado casi 30 millones de euros desde 2020 a los medios de comunicación para campañas, incluyendo contenidos explícitamente autopromocionales antes de las elecciones. El objetivo es “aumentar el alcance hacia el público objetivo de manera más efectiva con mensajes relacionados con el trabajo del Parlamento Europeo”, añadiendo “legitimidad a las campañas del Parlamento Europeo”. Esto debe ser visto como un intento de fabricar legitimidad democrática debido a la falta de apoyo orgánico.
El informe concluye que la evidencia apunta a que la UE está invirtiendo sistemáticamente en la configuración de un entorno mediático “amigable” que refuerce su legitimidad y objetivos políticos, en lugar de simplemente apoyar una prensa libre. Exige un ajuste de cuentas público urgente y que los vínculos institucionales entre el poder político y el periodismo sean examinados y, en última instancia, cortados.
