Desde los colectivos y movimientos sociales anticapitalistas, antirracistas y transfeministas que participamos activamente dentro de la Red de Apoyo Mutuo Dana Valencia, sentimos la necesidad de hacer una denuncia pública colectiva y política sobre todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas semanas a raíz de la DANA que afectó a más de 70 pueblos de nuestro País y a más de 800.000 personas.
Primero de todo, queremos señalar que esta situación ha puesto a trabajar conjuntamente todo el tejido comunitario de la ciudad de Valencia, de todo el País Valenciano y de más allá. En segundo lugar, se ha evidenciado la necesidad y la importancia de estar organizadas, ya que en momentos de emergencia, cuando el Estado o las instituciones no dan respuesta, la solución es el trabajo en red coordinado con autoorganización, solidaridad y apoyo mutuo.
Estas redes, así como las luchas populares de las que formamos parte queremos remarcar la importancia de ser horizontales y transparentes, porque somos militantes que no nos estamos lucrando y que estamos poniendo el cuerpo, la mente y el corazón para ayudar a quien más lo necesita desde unos ideales anticapitalistas, ecologistas, antirracistas y transfeministas.
Por un lado, denunciamos:
El modelo y la práctica capitalista neoliberal de especulación en el País Valenciano, donde se ha construido durante años en terrenos inundables sin tener en cuenta los informes técnicos y despreciando las denuncias constantes de los colectivos ecologistas y por la defensa del territorio.
Además, desde el gobierno central y autonómico se ha favorecido un modelo económico y territorial abocado al turismo y al sector terciario que ha despersonalizado el País Valenciano y lo ha puesto al servicio de los beneficios de la patronal hotelera y de la construcción. Las consecuencias han sido la precarización de una gran masa de trabajadoras y trabajadores, el debilitamiento de los servicios públicos y la destrucción del territorio.
La inacción política y la falta de coordinación de los diferentes agentes y Consejerías implicadas, así como el abandono de los diferentes municipios afectados, incluyendo los barrios de Valencia, cuyo Ayuntamiento ha destacado por su silencio y dejadez. Denunciamos también la falta de facilitación de recursos por parte de las administraciones, la poca habilitación de espacios para el voluntariado como lugares higiénicos para las personas afectadas, duchas o alternativas para dormir fuera del barro, etc. Tanto desde la Generalitat Valenciana como desde el Ayuntamiento de Valencia, se nos han negado las demandas de espacios. En esta línea, las 300 viviendas ofrecidas por la Generalitat para realojar a las personas afectadas llegan tarde, no incluyen a toda la población damnificada (como las migrantes) y no son suficientes en relación a la emergencia habitacional actual de esta catástrofe. Asimismo, denunciamos que en situaciones de emergencia y adversidades naturales se están produciendo desahucios a familias afectadas, como el que se vivió el pasado martes 12 de noviembre en Algemesí. Además, también hay que señalar a los propietarios que están pidiendo pagar el alquiler a los arrendatarios por un inmueble destrozado.
Denunciamos la inhumanidad del sistema que nos ha mostrado de la manera más feroz que no existe un capitalismo con rostro humano. La respuesta de las empresas ante la alerta puso en riesgo y envió a la muerte a decenas de trabajadoras. La nefasta gestión posterior con despidos, obligación de ir a trabajar o recuperación forzosa de los días que no se ha asistido demuestra que los beneficios empresariales están por delante de la vida. Exigimos que las instituciones detengan la actividad económica en situaciones como estas y que la preservación de la vida y de los derechos laborales sean la prioridad del gobierno. En este sentido, exigimos responsabilidades penales a las empresas que forzaron a las personas a ir a trabajar cuando la alerta ya estaba activa. De igual forma, hacen falta sanciones ejemplares a las empresas que han echado a trabajar a los trabajadores y trabajadoras para limpiar las plantas destrozadas por la DANA, sin pensar en cómo están de devastadas esas familias o sus pérdidas personales.
Los efectos de la implantación del modelo Alzira (la privatización de centros públicos) y de las políticas de recortes en sanidad pública han generado más retrasos y complicaciones en la atención de personas con enfermedades crónicas y en la entrega de medicaciones en enfermedades graves. Además, hay que sumar el retraso con el que han llegado los avisos sanitarios cuando ya hacía días que desde la Red se estaba informando al voluntariado de estos peligros. Y por si fuera poco, se ha hecho patente la falta de recursos de asistencia y acompañamiento psicosocial y emocional desde los servicios de salud pública. Por último, no podemos olvidarnos de los acompañamientos cuando se trata de situaciones de crisis tan graves, de emergencia, de urgencia y de tantas pérdidas.
Por otro lado, queremos denunciar la mala gestión de la Consejería de Educación en la prevención de los avisos de lluvia en los ayuntamientos implicados, así como la presión hacia algunos centros para que abrieran cuanto antes, sin estar limpios, asegurados ni organizados. Hace más de dos semanas de la tragedia y los centros educativos están totalmente abandonados por la Generalitat y por la Consejería de educación, lo que conlleva un abandono del alumnado, sobre todo del que vive en condiciones más precarias y no se ha podido reubicar. Continuamos sin tener respuestas de la administración, ya que el Consejero de Educación no se ha pronunciado ni ha informado de la situación mientras una gran cantidad de alumnado sigue con sus centros llenos de barro y sin alternativa escolar. La mala gestión educativa también ha sido la responsable criminal de una nueva muerte: un trabajador asesinado en su puesto de trabajo por estar haciendo faena en riesgo sin las mínimas garantías de seguridad.
Queremos denunciar el aprovechamiento de la tragedia para criminalizar a las personas migrantes, una vez más, debido a un racismo estructural e institucional avalado por una Ley de Extranjería que restringe e impide el acceso a derechos básicos como la vivienda, la educación, la salud y el trabajo. Las personas migrantes también somos vecinas de las zonas afectadas, también lo hemos perdido todo y, sin embargo, denunciamos que se nos ha dificultado en ocasiones la obtención de alimentación o víveres, que continúan las paradas policiales por perfil racial y el cierre de personas de estas zonas en el CIE de Sapadores, así como que hay personas en irregularidad administrativa que han estado días sin salir de casa por miedo a ser identificadas por las fuerzas de seguridad. seguridad.
Otra cuestión que denunciamos es la instrumentalización de esta catástrofe para incrementar los discursos de odio sustentados por grupos neonazis y fascistas que aprovechan la situación para verter este odio y rabia hacia las personas migradas y racializadas.
Por otro lado, exigimos…
Responsabilidades políticas y judiciales para las autoridades públicas, las administraciones y el mundo empresarial. Se ha hecho evidente que los derechos laborales y nuestras vidas son insignificantes para quienes mueven los hilos.
Exigimos también que el gobierno ponga al servicio de la comunidad más recursos psicológicos y de acompañamiento a las personas afectadas por la Dana. Que limpien todas las escuelas y las someten a revisión sanitaria y arquitectónica para no poner más vidas en peligro.
Protocolos de emergencias para desastres naturales avalados por equipos de expertos meteorólogos y geógrafos especializados y coordinados por las instituciones políticas del País Valenciano y en su caso también del Estado Español. No podemos dejar que las decisiones sobre nuestras vidas recaigan en manos de un gobierno ineficaz e incapaz de gestionar el territorio que dirige, ya que interpone los intereses y beneficios personales a la vida del pueblo.
Hay que profundizar en medidas para la vivienda, como ya hemos estado pidiendo con la campaña Valencia no está en venta. Es necesario un plan de choque para centrado en la expropiación de los pisos turísticos y viviendas vacías para que se conviertan en casas para las personas afectadas, como mínimo mientras se reconstruyen sus municipios y hogares. Además, exigimos la exención del pago de hipotecas y de alquileres para todas las personas damnificadas y ensalzamos el paro de todas las órdenes de desahucio. Además, es necesario proteger el territorio, la tierra y la huerta, y revisar y prohibir la construcción en zonas inundables.
Poner la vivienda turística, de bancos y de grandes tenedores al servicio de la comunidad es lo que hay que hacer ahora. Si la emergencia habitacional ya era una demanda anterior a esta DANA, ahora con más razones volvemos a ponerla en la mesa. La gente necesita una casa donde poder vivir y no todo el mundo afectado que vivía allí era propietario de un piso. Nos negamos a seguir pagando ningún tipo de alquiler de casas afectadas donde ya no se puede vivir y, más aún, si las instituciones no facilitan alternativas habitacionales para las personas que no pueden pagar los precios actuales de la vivienda.
Hay que prohibir que los comercios locales que no podrán reabrir acaben ofreciéndose como bajos turísticos que hagan del País Valenciano un paraíso del turismo. De lo contrario perderemos la red del chico comercio que aún resiste a nuestros pueblos.
Es necesaria también la aprobación urgente de la ILP regularización. Ante un contexto excepcional tras la catástrofe de la DANA, es indispensable una regularización amplia y extraordinaria para evitar la exclusión de las personas migrantes de las medidas sociales que está planteando el gobierno, como ocurrió durante el COVID.
Y ante todo esto ¿qué estamos haciendo nosotras?
Desde los movimientos populares de la Red de Apoyo Mutuo del País Valenciano queremos ir más allá, no quedarnos solamente en la urgencia o la emergencia del momento y las demandas institucionales. Hace años que nos movilizamos, tejemos red y nos defendemos de los ataques capitalistas que día tras día hacen más evidente el conflicto capital-vida.
Han sido miles de vecinas las que han comido y siguen comiendo de las comidas que hemos estado preparando en nuestras cocinas, bebiendo agua y obteniendo víveres o medicamentos gracias a los miles de personas voluntarias que durante este mes hemos estado organizando desde la red. Ha habido casas, calle y bajos o escuelas que las brigadas han ido a limpiar y quitar barro, centenares de personas que están ofreciendo servicios judiciales, administrativos, de electricidad o fontanería que están poniendo las manos al servicio del vecindario; más de 300 solicitudes de ayuda que se han podido dar gracias a nuestra red que a pesar de esta tragedia se está reforzando más que nunca.
Desde las instituciones la ayuda no ha llegado o ha llegado muy tarde; y es por ello que la autoorganización y la autogestión han sido piezas clave para salvar al pueblo. Ahora, el gobierno intentará destruir y desmantelar estas redes vecinales y de apoyo mutuo, porque rompen con las lógicas capitalistas y mercantilistas, porque hablan de solidaridad y cooperación, cuestiones que no les interesan.
Pero nosotros seguiremos trabajando para fortalecer, en cada rincón, cada red de apoyo que se haya creado. Ante esta barbarie y con todo un pueblo devastado, trabajaremos desde el anticapitalismo, el antirracismo, el ecologismo y el transfeminismo. Seguiremos haciendo camino para pensar y crear nuevos mundos de esperanza, donde la vida y la tierra estén, para siempre más, contra el capital.
