Un 45% de inquilinas está en riesgo de pobreza o exclusión social

Viviendas construidas por todas partes

Fátima Martín . Cadtm.org

Un 45% de la población de alquiler en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, 13 puntos más que la media de la UE a 27.

Alrededor de un 45% de la población residente en viviendas de alquiler en España se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social en el período 2015-2023. Es la proporción más elevada en el conjunto de las economías europeas, situándose unos 13 puntos porcentuales (pp) por encima de la media de la UE a 27. Son datos de Eurostat recogidos por el Banco de España. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el tercer problema que más preocupa a la población. Si escuchamos a la calle, manifestaciones incluidas, sería el primero.

El estudio El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo [1], es uno de los Documentos Ocasionales que publica el Banco de España [2]. En él, se pone de manifiesto el importante aumento de los precios del alquiler de vivienda durante la última década, fenómeno que se está observando en buena parte de las principales áreas urbanas de las grandes metrópolis europeas, así como en las ciudades turísticas. Esta evolución ha provocado incrementos del esfuerzo, en términos de renta de los hogares, asociado al gasto en vivienda de alquiler, al igual que la persistencia de situaciones de sobreesfuerzo y vulnerabilidad social entre las personas arrendatarias con menores ingresos.

Según este documento, el esfuerzo en renta de los hogares que supone alquilar vivienda en España se situaba, según datos de 2022, por encima tanto en la media de la UE-27 como en las grandes economías europeas (véase gráfico).

En concreto, el esfuerzo mediano en 2022 para el conjunto de hogares que residen en una vivienda de alquiler se situó en el 22,7% en España, unos 7 puntos porcentuales por encima del esfuerzo mediano en la UE-27. Este esfuerzo es especialmente elevado entre los hogares arrendatarios con menor renta. En particular, el esfuerzo mediano para estos hogares alcanzó en España el 43,1% en 2022, frente al 31,9% en la UE-27 o a los registros situados en torno al 30% en Italia y Francia e inferiores al 25% en Alemania. Además, en el colectivo con menores ingresos es donde se observa en España un mayor aumento del esfuerzo mediano asociado al alquiler de vivienda. En el resto de unidades de renta, los esfuerzos relativos de los hogares arrendatarios muestran mayor contención durante la última década, pero estos son también superiores en España en comparación con la situación en las principales economías europeas.

El estudio también señala que el aumento de los precios del alquiler ha contribuido a generar situaciones de sobresfuerzo, que se concentran entre los hogares con menores ingresos. De acuerdo con Eurostat (2024), estas situaciones se producen cuando los hogares destinan más del 40% de su renta bruta disponible al gasto en vivienda. Este gasto incluye el pago del alquiler, pero también otros gastos vinculados a la vivienda, como son los suministros básicos, por ejemplo, agua, gas o electricidad.

Los datos para el promedio del período 2015-2023 indican que un 23,5% de los hogares en alquiler de mercado en la UE-27 se encontraban en dicha situación, si bien existe una elevada heterogeneidad entre países. Por ejemplo, entre las grandes economías europeas, España destaca por la mayor proporción de hogares arrendatarios en sobresfuerzo, cercana al 40%, frente a proporciones situadas en torno al 17,5% en Francia y Alemania, el 28% en Italia y el 27% promedio en las economías de la UE-27 (véase gráfico).

Entre las economías con porcentajes más elevados en 2023, que presentan cifras superiores al 40% de los hogares arrendatarios con sobresfuerzo, se encuentran economías como los Países Bajos, Grecia, Rumanía o Hungría, cuya situación contrasta con la de economías con proporciones alrededor del 15% como Finlandia, Austria, Alemania o Chipre.

Las situaciones de sobresfuerzo en el mercado del alquiler de vivienda se concentran en los colectivos con menores ingresos y las de vulnerabilidad social emergen, de modo particular, entre aquellos arrendatarios que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión. El estudio del Banco de España constata que para una significativa proporción de los hogares con reducidos ingresos, el consumo se encuentra restringido por el gasto en vivienda. Además, entre el colectivo de los hogares arrendatarios se observa una elevada proporción de la población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad social. Así, en el período 2015-2023, alrededor de un 45% de la población que residía en viviendas de alquiler a precio de mercado se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social [3]. Esta proporción es la más elevada en el conjunto de las economías europeas (véase gráfico), situándose unos 13 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE-27.

La persistencia de elevados esfuerzos asociados al acceso a una vivienda de alquiler y, en particular, entre los colectivos con menor renta, podría contribuir al progresivo retraso en la edad de emancipación de lo/as jóvenes, que disponen de menores ingresos y capacidad de ahorro para hacer frente al acceso a una vivienda [4]. De ese modo, a pesar del sustancial incremento del porcentaje de hogares jóvenes en alquiler desde 2008, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que residían con sus padres se había incrementado en 13 puntos porcentuales desde 2008, hasta alcanzar el 66% en 2022.

Si bien esta ratio se encuentra cercana a los niveles de economías que tienden a presentar menores tasas de emancipación entre los jóvenes, como Grecia (71,9%), Portugal (70,7%), Italia (69,4%) o Irlanda (64,1%), el aumento experimentado por esta ratio en España es el mayor entre las grandes economías europeas y contrasta con el aumento de 2 puntos porcentuales en el promedio de la UE-27, cuya ratio se sitúa cerca del 50%. Los mayores incrementos en la UE-27 durante este período se observan, además de en España, en Irlanda (13,7 puntos porcentuales) y en Grecia (13,5 puntos porcentuales). Finalmente, el documento del Banco de España también resalta el limitado peso del alquiler a precio reducido entre los jóvenes en España (2,5% en 2023, frente al 10% en la UE-27), lo que limita las posibilidades de emancipación entre los colectivos con menores ingresos.

En el Estado español, la gente no se manifiesta contra la inmigración, sino por una vivienda digna y contra el turismo masivo

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre arroja que la vivienda es la tercera mayor preocupación de la población en España, por detrás de la inmigración y de los problemas económicos. Sin embargo, si atendemos a la calle, sería el primero. En el Estado español, la gente no se manifiesta contra la inmigración, sino por una vivienda digna y contra el turismo masivo [5].

Algo que se pudo visualizar el pasado 13 de octubre, cuando decenas de miles de personas salieron a la calle en Madrid, convocadas por una treintena de colectivos para exigir una vivienda digna y, entre otras reivindicaciones, rebajas en el precio del alquiler [6].

Unos días después de la movilización, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a los sindicatos de inquilinas a una reunión en Moncloa para abordar el problema de la vivienda. Reunión a la que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidió no ir, al estar también invitada la patronal inmobiliaria. En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas explicaba su plantón y planteaba sus exigencias:

  • Una bajada de los alquileres del 50%
  • La recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso residencial
  • La expropiación de las viviendas de Fondos buitre y de Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos.
  • La desarticulación de todo grupo de desokupación

Además, anunciaban que volverán a tomar las calles de Málaga y Sevilla (9 de noviembre), y Barcelona (23 de noviembre) con un mensaje claro: “O bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos”7. Movilización a la que también llama el Sindicat de Llogateres “para comenzar el camino hacia la huelga de alquileres” [7].

Por su parte, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), sí acudió a la reunión en la Moncloa, que terminó sin ningún compromiso por parte del Gobierno. En un comunicado [8], explicaron su decisión así:

“Como movimiento por el Derecho a la Vivienda de más de 15 años de lucha, con vivencias muy dramáticas y también esperanzadoras, creemos en la necesidad y obligación de estar representadas en todos aquellos espacios en que se hable de este Derecho fundamental. Por ello, la PAH asistimos a la reunión convocada en la Moncloa por el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, con una treintena de organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda, también convocadas”.

En dicho comunicado, la PAH recordaba que “Según datos del año pasado del INE, hay 3.900.000 viviendas vacías, casas que es urgente movilizar para dar respuesta a las necesidades de la gente, bien obligando a cederla, bien expropiándolas con el objetivo de ofrecerlas a bajo coste a quien no se puede permitir los precios habituales”.

Entre sus reivindicaciones, figuran, “como mínimo”, las siguientes:

  • Que las viviendas de la Sareb sean utilizadas como parque público y forzar a las comunidades autónomas a aceptarlas (cosa que ahora en algunas no pasa) y que la Sareb deje de desahuciar a las familias para seguir especulando con las viviendas.
  • Acabar con los privilegios fiscales de los Fondos y de las Socimis para frenar la barra libre a la especulación y que empiecen a pagar, como hacemos todas.
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