El martes 29 de octubre, a las valencianas y a los valencianos nos cayó el cielo encima. No fue tan solo por los quinientos litros de lluvia, sino porque comenzó el peor episodio de la historia de las ignominias políticas y de las tragedias humanas del País Valenciano, con centenares de víctimas y miles de personas afectadas. Estamos de luto por las más doscientas personas muertas y las que todavía están desaparecidas.
Recordemos que la cronología contrastada por los servicios meteorológicos ya nos indica cómo ocurrieron los hechos: la alerta roja de AEMET por la mañana, el silencio de la Generalitat, los avisos de À Punt Oratge durante toda la mañana, el silencio de la Conselleria de Educación y la no suspensión de las clases, el conocimiento de las lluvias descontroladas en las cabeceras de los ríos, el silencio del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y, en último lugar, la declaración de Carlos Mazón para decir que a las 18 h la DANA habría mermado y, posteriormente, el desbordamiento del barranco del Poio. Y no fue hasta las 20 h que se lanzó la alerta a la población, cuando terminaban las jornadas laborales y buena parte del país ya estaba inundado.
Para no comprometer los intereses del empresariado y las ganancias del capital, se puso en riesgo la vida de miles de trabajadoras y trabajadores y del pueblo. Esta es la demostración más clara y flagrante de que el Gobierno valenciano no está al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de los intereses de las empresas, que obligaron a miles de trabajadoras y trabajadores a acudir a su puesto de trabajo y miles de niños y adolescentes en los centros educativos. En lugar de proteger a la población, la Generalitat se ha limitado a intentar tapar la negligencia ante esta crisis, que tiene varias causas.
Por un lado, la negación del cambio climático por parte del Gobierno y la especulación y la construcción desmesuradas que se han hecho durante décadas y que sólo han servido a los intereses económicos en detrimento de las necesidades del territorio. Por otra parte, la decisión de la Generalitat Valenciana de no enfrentarse al empresariado.
Condenamos sin paliativos el retraso inexplicable en la llegada de las intervenciones de los cuerpos de emergencia a las localidades afectadas. Todo ello provocado por una falta de agilidad y coordinación entre las administraciones autonómica y estatal, ya que hasta el jueves 31 de octubre, dos días después de los hechos, la Generalitat Valenciana no pidió ayuda. Tampoco dejó que acudieran efectivos de otros territorios (Cataluña, País Vasco, etc.) que lo habían solicitado inmediatamente después de los hechos. Así, el pueblo valenciano se ha visto durante cinco días abandonado a su suerte y abocado a trabajar de manera solidaria y voluntaria para realizar tareas propias de los cuerpos de emergencia. Las personas voluntarias se han expuesto a problemas de salubridad que podrían provocar una emergencia sanitaria.
Criticamos también al Gobierno del Estado, que debería haber presionado de manera contundente e inmediata al Gobierno valenciano ante su inacción con el fin de intervenir con todos los efectivos disponibles y ayudar a la ciudadanía a reconstruir sus vidas.
Rechazamos que ahora, un mes después de la catástrofe, las personas afectadas viven inmersas en una vorágine burocrática y de colas interminables que impiden el acceso real a los recursos. El maltrato se evidencia con el hecho de que a estas alturas muchas de estas personas no tienen las necesidades básicas cubiertas: ni suministros esenciales, ni vivienda, ni transporte público garantizado, ni escuelas en condiciones. En esta situación es inaceptable la militarización del gobierno de la Generalitat, amparándose en argumentos técnicos, mientras tanto el consejo adjudica contratos millonarios a empresas vinculadas a casos de corrupción. Mazón no puede encabezar la reconstrucción ni la reparación de lo que se ha deshecho por su irresponsabilidad y desidia criminales.
Todo ello nos conduce a pedir que la reconstrucción se haga a través de un cambio de políticas económicas y sociales que ponen la vida en el centro. No se puede dejar en manos del capital el enderezamiento; tampoco en manos de un Gobierno incompetente que ha demostrado no saber estar a la altura de las circunstancias. Es por ello que pedimos la dimisión del Consell, el replanteamiento de las políticas económicas, la activación de medidas concretas de ordenación del territorio y de medidas urgentes en cuanto al cambio climático, y la adopción y la consideración del derecho a la vivienda como una de las prioridades centrales de este cambio de dirección.
En consecuencia, exigimos:
- La dimisión del presidente Mazón. Incoación de oficio del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por las consecuencias evitables de la catástrofe.
- Que se ofrezca alternativa residencial: reconversión de los pisos turísticos en hogares para todas las personas afectadas, y todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda (pisos vacíos de banca rescatada o fondos buitre, Sareb, contratos de alquiler de grandes tenedores, etc.)
- Que se refuerce el servicio de transporte público, ya que muchas personas han perdido su medio de transporte.
- Que se prohiba la construcción en zonas inundables y en la línea de costa.
- Que se condone la deuda ilegal y se reinvierta en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras de emergencias.
- Que se aumenten los impuestos a las rentas altas.
- Que se garantice que todas las personas de rentas bajas, independientemente de su condición administrativa (personas migradas, personas sin seguros, etc.), tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción.
Por todas las víctimas de esta desgracia, por las personas afectadas por los efectos sin precedentes de esta DANA, que han perdido familiares, amigas, amigos, casas…
