29 diciembre: Mazón dimisión

Manifestació a València per a exigir la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 9 de novembre | Lluís Martí

Manifiesto convocatoria

El 29 de diciembre hará dos meses que a las valencianas y a los valencianos nos cayó el cielo encima: el 29 de octubre comenzó el peor episodio de la historia de las ignominias políticas y de las tragedias humanas del País Valenciano, con centenares de víctimas y miles de personas afectadas. Pasan los meses y seguimos estando de luto por las más de doscientas personas muertas y las que todavía están desaparecidas y seguimos con rabia porque sabemos quiénes son los responsables de la tragedia: Carlos Mazón y su consejo.

Para no comprometer sus intereses personales y políticos y las ganancias del empresariado se puso en riesgo la vida de miles de trabajadoras y trabajadores y del pueblo. Esta es la demostración más clara y flagrante de que el Gobierno valenciano no ha estado al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de los intereses del capital. En lugar de proteger a la población, la Generalitat se ha limitado a intentar tapar la negligencia ante esta crisis, que tiene varias causas, con propaganda. Se ha negado el cambio climático por parte del Gobierno y la especulación y la construcción desmesuradas que se han hecho durante décadas y que sólo han servido a los intereses económicos en detrimento de las necesidades del territorio.

Recordemos que la pérdida de vidas por la inacción tiene unos responsables, los mismos que retrasaron de forma inexplicable la llegada a las localidades afectadas de los cuerpos de emergencia e impidieron que acudieran efectivos de otros territorios (Cataluña, País Vasco, etc.) que lo habían solicitado. Criticamos también al Gobierno del Estado, que debería haber presionado de manera contundente e inmediata al Gobierno valenciano ante su inacción con el fin de intervenir con todos los efectivos disponibles y ayudar a la ciudadanía a reconstruir sus vidas durante las primeras semanas.

Han pasado dos meses desde que quien ocupa la presidencia de la generalidad se puso el jupetín rojo y también hace dos meses que el pueblo valenciano se ve abandonado y abocado a trabajar de manera solidaria y voluntaria para realizar tareas propias de los cuerpos de emergencia, entre las que se encuentra la limpieza de garajes y de centros escolares. Las personas voluntarias y las afectadas se exponen a problemas de salubridad que podrían provocar una emergencia sanitaria. Es por ello que tampoco olvidemos quién se está dedicando a trabajos de revisión y reconstrucción poniendo en riesgo su vida, como todas las personas que han resultado heridas y, en especial, el trabajador que el 24 de noviembre falleció haciendo tareas de limpieza en una escuela en Massanassa. 

La dejadez y la mala actuación de la Consejería de Educación se hizo palpable entonces y sigue siéndolo ahora. Siete semanas después de la riada, todavía estaba el conservatorio profesional de Catarroja y tres institutos que no habían podido abrir sus puertas porque la Consejería de Educación no certificaba que eran un espacio seguro para alumnado, personal docente y de servicios y familias. Además, ha presionado a equipos directivos para que asumieran la responsabilidad de no poner en funcionamiento los centros.

Seguimos denunciando que las personas afectadas viven inmersas en una vorágine burocrática y de colas interminables que impiden el acceso real a los recursos. El maltrato se evidencia con el hecho de que a estas alturas muchas de estas personas no tienen las necesidades básicas cubiertas: ni suministros esenciales, ni vivienda, ni transporte público garantizado, ni escuelas en condiciones. Hay miles de ascensores que no funcionan y personas con problemas de movilidad que no han podido bajar a la calle todavía. Las instituciones han dado la espalda también a los miles de personas en situación irregular que siguen sin estar localizadas o se han quedado sin trabajo y casa, no tienen acceso a ayudas y encima se exponen al riesgo de ser deportadas.

En esta situación es inaceptable la militarización del gobierno de la Generalitat, amparándose en argumentos técnicos, mientras el consejo adjudica contratos millonarios a empresas vinculadas a casos de corrupción. Mazón no puede encabezar la reconstrucción ni la reparación de lo que se ha deshecho por su irresponsabilidad y desidia criminales.

Todo ello nos conduce a pedir que la superación de esta crisis se haga a través de un cambio de políticas económicas y sociales que ponen la vida en el centro y con la participación de las personas afectadas. No se puede dejar en manos del capital y del ejército el enderezamiento; tampoco en manos de un Gobierno incompetente que ha demostrado no saber estar a la altura de las circunstancias. Es por ello que pedimos la dimisión del Consell, el replanteamiento de las políticas económicas, la activación de medidas concretas de ordenación del territorio y de medidas urgentes en cuanto al cambio climático, y la adopción y la consideración del derecho a la vivienda como una de las prioridades centrales de este cambio de dirección. 

En consecuencia, exigimos:

1. La dimisión del presidente Mazón. Incoación de oficio del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por las consecuencias evitables de la catástrofe.

2. Que se ofrece alternativa habitacional: reconversión de los pisos turísticos en hogares para todas las personas afectadas, y todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda (pisos vacíos de banca rescatada o fondos buitre, Sareb, contratos de alquiler de grandes tenedores, etc.)

3. Que se refuerce el servicio de transporte público, ya que muchas personas han perdido su medio de transporte.

4. Que se prohiba la construcción en zonas inundables y en la línea de costa.

5. Que se condone la deuda ilegal y se reinvierta en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras de emergencias.

6. Que los trabajadores y trabajadoras incluidas en los ERTOS de la DANA cobren el 100% de la base reguladora y tengan acceso a una reducción de la jornada sin reducción de salario.

7. Que se aumenten los impuestos a las rentas altas.

8. Que se garantice que todas las personas de rentas bajas, independientemente de su condición administrativa (personas migradas, personas sin seguros, etc.), tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción.

Por todas las víctimas y personas afectadas por esta desgracia: Mazón, dimisión!

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